Buenos Aires, 4 de noviembre (NA) — La causa judicial por el robo de propofol y otros fármacos en el Hospital Italiano de Buenos Aires, en la que se encuentran procesados el anestesista Hernán Boveri y la médica residente Delfina “Fini” Lanusse, volverá a la etapa de investigación.
Tal como informó Fiscales.gob y, a su vez, informaron fuentes judiciales a la Agencia Noticias Argentinas, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional determinó que la causa contra los dos médicos del Hospital Italiano de Buenos Aires, procesados por el presunto desvío de la droga para uso personal, debe regresar a la etapa de instrucción porque consideró que la investigación fue cerrada sin producir pruebas fundamentales.
La resolución fue adoptada por la Sala de Turno del tribunal, en línea con el planteo del Ministerio Público Fiscal (MPF), que había cuestionado la elevación a juicio al considerar que todavía estaba pendiente la apertura y el análisis de los dispositivos electrónicos de los imputados.
El expediente se inició en febrero de este año y tiene como acusados a un exmédico del área de Anestesiología del Hospital Italiano y a la residente de tercer año de la misma especialidad. Según el procesamiento confirmado en junio por la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el primero habría sido el autor de la maniobra, mientras que la segunda habría participado de manera secundaria.
La investigación apunta a una presunta administración fraudulenta en perjuicio del hospital mediante el desvío de ampollas de propofol, un anestésico de uso médico que habría sido utilizado por los imputados con fines personales.
Durante la instrucción, el fiscal Lucio Herrera (h), a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°29, había solicitado que la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) realizara una pericia sobre los dispositivos electrónicos secuestrados.
Sin embargo, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 consideró que esa medida podía concretarse durante el debate oral y avanzó con el cierre de la investigación, pese a la oposición del fiscal, quien también había solicitado registros para determinar en cuántas intervenciones médicas participaron los imputados entre enero de 2025 y febrero de 2026 en las que se hubiera registrado el uso de ampollas de propofol.
La controversia llegó al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17, donde la fiscal María Luz Castany sostuvo que el expediente debía regresar a la etapa de instrucción. La representante del MPF argumentó que el análisis de los teléfonos podía aportar información relevante para ampliar los hechos investigados, delimitar la intervención de cada acusado y establecer su eventual responsabilidad penal.
El juez Pablo Vega coincidió con ese planteo y consideró que la elevación a juicio había sido prematura, por lo que devolvió las actuaciones al juzgado de origen. No obstante, el magistrado de primera instancia aceptó parcialmente la decisión y remitió nuevamente a juicio el tramo de la investigación correspondiente a uno de los imputados.
Ante esa situación, Castany solicitó que se declarara la nulidad del cierre de la instrucción y de todos los actos posteriores. También advirtió que trasladar la producción de esa prueba al debate oral implicaba postergar una cuestión que debía resolverse durante la investigación preparatoria.
El planteo fue respaldado por el fiscal general Juan Manuel Fernández Buzzi, quien sostuvo ante Casación que no se trataba de una diligencia complementaria, sino de completar una medida de investigación solicitada durante la instrucción y cuya relevancia había sido ratificada por la fiscalía de juicio.
Al analizar el expediente, el camarista Nicolás Grappasonno consideró que la pericia sobre los dispositivos electrónicos era útil y pertinente para esclarecer los hechos y advirtió que sus resultados podían modificar tanto la hipótesis acusatoria como la delimitación de la plataforma fáctica del caso.
En ese sentido, sostuvo que el juzgado no había tenido debidamente en cuenta el impacto que podía tener esa medida al insistir con la elevación a juicio sin esperar sus resultados.
Agencia NA
