Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – La Corte Suprema rechazó la demanda de CELADI contra una normativa de la CNRT al considerar que la entidad no tenía legitimación procesal para representar derechos individuales de las empresas que nuclea.
La decisión fue adoptada por el juez Horacio Rosatti, quien conformó mayoría con los conjueces Alejandro Tazza, de Mar del Plata, y Juan Pablo Salas, de San Martín, mientras que Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz emitieron votos propios.
El expediente se inició por pedido de la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros contra la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
La entidad reclamaba la nulidad de artículos de la Resolución CNRT 628/2012, ratificada por la Resolución CNRT 698/2013, que exigen presentar un certificado de libre deuda de multas firmes de las unidades para realizar trámites ante el organismo.
Como planteo subsidiario, CELADI pidió la inconstitucionalidad del artículo 8° del Decreto 1395/1998, que impone a los operadores acreditar que no registran deudas exigibles por multas para realizar cualquier trámite ante la CNRT.
La Corte declaró procedente el recurso extraordinario presentado por la CNRT, revocó la sentencia apelada y rechazó la demanda con costas.
El máximo tribunal recordó que, antes de analizar la cuestión, correspondía verificar la existencia de un “caso”, “causa” o “controversia” y que, para ello, quien promueve la acción debe tener legitimación, con un interés directo, concreto y personal en el resultado del pleito.
Rosatti, Salas y Tazza señalaron que la entidad actora pretendía ejercer “la defensa de derechos puramente individuales de las empresas que nuclea”, pero remarcaron que la legitimación procesal activa corresponde, por principio, a cada una de las empresas que eventualmente se consideren afectadas por la normativa.
En el mismo sentido, Rosenkrantz sostuvo que no existía prueba de que las empresas representadas por CELADI estuvieran impedidas de litigar por sí mismas y concluyó que la entidad “no tiene legitimación procesal para promover la presente demanda”.
Lorenzetti también coincidió en la falta de legitimación y, además, abordó el fondo del planteo: consideró que las normas impugnadas fueron dictadas por el poder administrador dentro de sus competencias y que no configuraban un exceso reglamentario susceptible de invalidar la resolución cuestionada.
Agencia NA
