Buenos Aires, 12 noviembre (NA) – La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al planteo de una mujer que reclamó por el derecho de su hija menor de edad, con discapacidad, a recibir educación inclusiva en Entre Ríos.
El máximo tribunal revocó la sentencia del Superior Tribunal de Justicia provincial, que había rechazado la acción de amparo al considerar que existía un trámite administrativo en curso ante el Consejo General de Educación de Entre Ríos.
La causa fue iniciada por la madre de la niña para que se ordenara el cese de una conducta que consideró lesiva y omisiva, y para que se dispusiera la implementación de un Proyecto Pedagógico Individual que garantizara su trayectoria educativa completa.
En primera instancia, el juez había hecho lugar al amparo y ordenado al Consejo General de Educación que, en un plazo de veinte días corridos, elaborara ese proyecto para la inclusión escolar de la adolescente.
Sin embargo, el Estado provincial apeló y el Superior Tribunal entrerriano rechazó la acción, al sostener que ya existía un procedimiento administrativo iniciado por la Departamental de Escuelas y que la madre había optado por esa vía.
La Corte Suprema dejó sin efecto ese fallo y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento, al considerar que el tribunal provincial incurrió en un exceso ritual manifiesto y vulneró el derecho a una tutela judicial efectiva.
Según el fallo, los jueces intervinientes tenían el deber de actuar con premura y brindar una respuesta jurisdiccional que no se detuviera en formalismos frente a los derechos involucrados.
En su voto concurrente, Ricardo Lorenzetti sostuvo que el derecho a la educación de las personas con capacidades diferentes no puede quedar reducido a una mera declaración y advirtió que una interpretación que frustre la aplicación efectiva de un derecho fundamental afecta la confianza en las instituciones.
Agencia NA
