Buenos Aires, 15 noviembre (NA) — Mientras termina de zanjar las diferencias en torno al proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, con pedidos de modificaciones de parte de fuerzas aliadas en artículos muy sensibles, el oficialismo terminó de delinear el temario de la sesión del próximo miércoles y se prepara para dar batalla en el recinto, donde también se tratará la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.
El repertorio se completa con el tratamiento del Tratado de Libre Comercio entre el MERCOSUR y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) y el Acuerdo de Montevideo y la transferencia de competencias penales de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Los votos para sancionar en general el proyecto que aborda la cuestión Malvinas (y que también trae un conjunto de disposiciones para reorganizar el aparato de defensa y de inteligencia bajo el paraguas de la doctrina de seguridad nacional) están garantizados, pero está en riesgo el capítulo 7 del dictamen, que incluye la creación de nuevos tipos penales vinculados a la “injerencia extranjera” y requiere de una mayoría especial de 129 voluntades para su aprobación.
El asunto se conversó con detenimiento en una reunión a puerta cerrada que se desarrolló en el despacho de la Presidencia de la Cámara baja, que tuvo a Gabriel Bornoroni, Silvana Giudici, Nicolás Mayoraz y Laura Rodríguez Machado (esta última de forma virtual) por parte del oficialismo, y a referentes de los bloques del PRO, UCR, Argentina Federal, Provincias Unidas y otros bloques menores.
El Gobierno mandó a la subsecretaria de Planeamiento Normativo, Paula Taddei, quien reporta a la Secretaria de Legal y Técnica, María Ibárzabal Murphy, a tomar nota de los reclamos.
La funcionaria escuchó al misionero Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), a la radical bonaerense Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y a la santafesina Gisela Scaglia (Provincias Unidas), quienes pidieron expresamente eliminar o al menos modificar profundamente el capítulo 7, según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas.
En cambio, el PRO se comprometió a apoyar el proyecto plenamente, ya sea que se le apliquen modificaciones o se mantenga igual.
Este capítulo prevé multas importantes a extranjeros sin residencia permanente en el país y a personas jurídicas extranjeras que financien campañas electorales.
Además propone penas de prisión por “facilitar operaciones militares o de inteligencia dirigidas por un Estado extranjero u organización y destinadas a afectar la seguridad nacional o la integridad territorial de la Nación”.
También dispone penas de prisión por poner los secretos a disposición de un Estado o servicio de inteligencia extranjero; y por proporcionar ayuda a operaciones clandestinas de inteligencia por cuenta de un Estado extranjero.
En general se prohíbe la organización, financiación y ejecución de “campañas de injerencia extranjera” y de “actos de violencia o sabotaje dirigidos contra el Estado argentino o sus habitantes”.
“No constituyen campaña de injerencia extranjera la actividad diplomática ejercida conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones por un Estado extranjero, el ejercicio de la actividad periodística y de la investigación académica, ni la representación de intereses realizada de forma abierta y conforme a la normativa aplicable”, se aclara.
LOS PUNTOS CLAVE DEL PROYECTO DE MALVINAS
El principio rector de la iniciativa, resistida por la oposición dura, es aumentar las competencias del Poder Ejecutivo para actuar ante la irrupción de una vagamente definida “amenaza externa”.
Para el peronismo y la izquierda, el proyecto del Gobierno es un “caballo de Troya” que esconde una inédita concentración de poder en el Poder Ejecutivo para que tome medidas de excepción como si fueran normales.
Si bien el proyecto mantuvo las sanciones penales y económicas por la explotación sin autorización argentina de recursos renovables y no renovables en la cuenca de Malvinas, con penas de hasta 20 años de prisión para directores, accionistas de empresas, socios y proveedores, se dejó afuera a los accionistas con participaciones de hasta un 2% y los fondos de inversión con intervención indirecta en las operaciones.
Además, se suavizaron las multas, pasando de entre 20 mil y 100 mil barriles de petróleo (lo dispuesto en el texto original) a entre 2 mil y 40 mil.
A pedido de bloques aliados, el oficialismo aceptó ampliar la integración del Consejo de Seguridad Nacional con la incorporación como miembros no permanentes del presidente de la Cámara de Diputados, del presidente provisional del Senado y de gobernadores.
Este nuevo órgano, que tiene la tarea primaria de coordinar la estrategia unificada de seguridad, defensa e inteligencia estratégica, será presidido por el Presidente de la Nación e integrado por los ministros de Defensa, Seguridad, Relaciones Exteriores y Economía, el titular de la SIDE y el secretario de Legal y Técnica.
Entre sus funciones se encuentra la protección de infraestructuras críticas y podrá disponer medidas urgentes ante una amenaza externa grave, como por ejemplo restringir operaciones cambiarias y financieras, bloquear temporalmente fondos y activos, suspender autorizaciones o contrataciones, restringir importaciones y exportaciones y elevar temporalmente derechos aduaneros.
El protocolo para el derribo de aeronaves y hundimiento de buques y la autorización para que las Fuerzas Armadas puedan participar en “operaciones no convencionales” son algunos de los puntos más controversiales que se mantienen en pie en la reforma.
Este elemento es uno de los que más levanta críticas por el hecho de que se desdibuja la separación de las funciones y facultades entre las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas, permitiendo que estas últimas se desempeñen en Seguridad Interior.
Una modificación que el oficialismo concedió a pedido del diputado Eduardo Falcone (MID) es la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento dentro del Congreso encargada de auditar y monitorear las decisiones del Consejo de Seguridad Nacional.
Según se establece en el articulado, el Poder Ejecutivo deberá informar a la bicameral las medidas tomadas en el ámbito del Consejo en un plazo máximo de 48 horas.
Un punto polémico de la reforma es que le da rango legal al Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo (RePET) y habilita la inscripción de organizaciones en esa lista negra solamente si hay “motivos razonables para sospechar”.
Para la oposición, los conceptos de “terrorismo” y “amenaza externa” aparecen en el proyecto con una definición muy laxa, sin precisión técnica y abren la puerta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo para perseguir la disidencia legítima y restringir libertades civiles y políticas.
Agencia NA
