El panorama de la obra pública en Argentina viene siendo un tema complejo, atravesando periodos de auge y contracción, siempre entrelazado con la política, la economía, el desarrollo territorial y la relación con los mandatarios provinciales.
Desde sus inicios, se pensó como un motor clave para la generación de empleo y el progreso de las localidades, pero también se ve casi siempre teñido de controversias sobre su manejo, financiación y el impacto de las decisiones políticas al otorgarlas.
Históricamente, la infraestructura pública en Argentina se ha diseñado como un instrumento esencial para el desarrollo de caminos, puentes, escuelas, hospitales, redes de saneamiento, represas y tantas otras que fomentara el desarrollo económico y elevara el nivel de distribución y la vida de los habitantes.
En este contexto, ha desempeñado un papel de creador directo de empleos en los estados provinciales, impulsando las economías de las regiones y promoviendo la actividad de muchas empresas de construcción y de suministros.
Sin embargo, el pasado también revela desafíos persistentes.
La falta de un control riguroso de las obras, la ineficaz ejecución de proyectos y un manejo del presupuesto muchas veces discrecional, han derivado en sobrecostos, demoras y, en ocasiones, en la paralización de proyectos.
La ley de coparticipación federal de impuestos, si bien busca equilibrar la distribución de recursos entre Nación y provincias, no siempre ha garantizado una asignación equitativa o eficiente de fondos para la obra pública, generando tensiones y dependencias políticas; tema de quejas permanentes de los gobernadores de turno.
Cabe preguntarnos qué futuro tiene hoy esto: es “austeridad”, es solo “reconfiguración” ¿o ambas?
La instauración del gobierno del Presidente Javier Milei, ha representado un cambio radical en la planificación y realización de la obra pública.
En medio de un reordenamiento financiero – reconfiguración económica – y una política de “motosierra” fiscal, el gobierno ha dado prioridad a la disminución profunda del desembolso público, lo que ha resultado en una paralización o intensa ralentización de múltiples proyectos de infraestructura a nivel nacional que en estos días se están discutiendo con los mandatarios territoriales, para evaluar su factibilidad.
Esto trajo que gran parte de la oposición declare permanentemente que se viene evidenciando un claro “condicionamiento político a gobernadores”.
Es por ello que critican fuertemente que la continuidad o reactivación de ciertas obras pareciera estar hoy, supeditada a la alineación política con el gobierno central, generando fricciones y acentuando las asimetrías en el acceso a los recursos.
Se empieza a advertir que el manejo del presupuesto, bajo la óptica de la austeridad, se ha vuelto extremadamente centralizado, limitando la autonomía de las provincias para definir sus prioridades de infraestructura, lo que obliga a recalcular las prioridades locales y muchas veces a enfocarse en buscar el auxilio privado y la inversión externa para lograr avanzar.
El futuro de la obra pública en Argentina bajo esta administración, por ahora es una incógnita, es incierto y plantea numerosos interrogantes. Si bien se ha manifestado la intención de impulsar obras a través de modelos de Participación Público/Privada (PPP) y de nuevas concesiones, la concreción de estos esquemas se ve desafiada por la desconfianza aún, del sector privado en un contexto de cierta inestabilidad económica y jurídica, que parece apuntar a estabilizarse según los números del INDEC y los resultados que muestra el gobierno, así como por la capacidad de financiamiento del propio Estado.
La creación de empleo en las provincias, que tradicionalmente se sustentaba en gran parte en la obra pública se halla todavía, y luego de un año y medio del gobierno libertario, en una situación de cierto limbo, al menos, de cara a la sociedad.
La esperanza radica en que la inversión privada pueda contrarrestar la aparente retracción gubernamental, pero este es un proceso gradual y selectivo que ya veremos si termina siendo justa y productiva, en la repartición del trabajo en todo el territorio argentino.
Además, la Ley de Coparticipación Federal, en este escenario, debería ser revisada parlamentariamente, para garantizar una distribución de fondos que no condicione políticamente a los gobernadores y que promueva un desarrollo federal equitativo, más allá de la coyuntura económica.
Como desafío, podemos concluir que la obra pública en Argentina se encuentra en un momento de profunda transformación.
La tensión entre la necesidad de infraestructura para el desarrollo y la imperiosa realidad de austeridad, plantea un escenario complejo donde la búsqueda de equilibrio entre la eficiencia, la equidad territorial y la sostenibilidad financiera será el principal desafío para los años venideros.
