Una explosiva investigación periodística revelada en Chubut puso en jaque al Poder Judicial de esa provincia, al denunciar al juez Claudio Alejandro Petris por una serie de presuntas irregularidades que incluyen abuso de poder, corrupción patrimonial, manipulación de causas judiciales y coerción sexual.
Petris, actual camarista en Esquel y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales del Chubut, habría ocultado antecedentes disciplinarios al ingresar a la provincia, según el informe que recoge testimonios, audios y documentos. Previamente se desempeñó como secretario judicial en Lomas de Zamora y fue investigado por causas vinculadas a divorcios y sucesiones fraudulentas que luego prescribieron.
Entre los hechos más comprometedores, se detalla el uso de testaferros para ocultar bienes, incluyendo un joven en situación vulnerable a cuyo nombre fue inscripto un vehículo de alta gama —un Mini Cooper que perteneció al exfutbolista Aldo Duscher— que el magistrado continuó utilizando mediante una cédula azul. El automóvil luego fue transferido a su hija.
Además, el informe denuncia fallos judiciales direccionados a favor de allegados, entre ellos el propio Duscher, sin que Petris se haya excusado pese a la evidente relación personal. Se suman licencias médicas irregulares, ausencias prolongadas en su despacho y presuntos vínculos con personas beneficiadas por decisiones judiciales.
El crecimiento patrimonial del magistrado también es objeto de cuestionamientos: al menos ocho propiedades en la Ciudad de Buenos Aires y varias más en Esquel, muchas a nombre de familiares pero con usufructo vitalicio a su favor. Asimismo, se identificaron vehículos de alta gama, embarcaciones y operaciones inmobiliarias sin respaldo fiscal, y el juez no registra declaraciones de impuestos activos, según dio a conocer el portal Chubutonline.
El aspecto más grave de las denuncias refiere a situaciones de coerción emocional y abuso sexual. El informe incluye testimonios y audios en los que se relatan amenazas explícitas, relaciones laborales asimétricas y presiones con frases como “te pongo droga y te denuncio” para doblegar voluntades.
El silencio institucional en torno al caso ha generado inquietud en el ámbito judicial. Fuentes del foro local consultadas bajo reserva admitieron que “nadie se anima a enfrentarlo” por su influencia en el sistema. La investigación será puesta a disposición de la Justicia si es requerida.
