La planta de agroquímicos que la empresa Atanor posee en la ciudad bonaerense de San Nicolás volvió a quedar en el centro de una causa judicial tras detectarse un vertido no autorizado de efluentes industriales, presuntamente realizado a través de una conexión clandestina, en un área cercana a la barranca del río Paraná.
La inspección fue realizada el pasado 9 de junio por agentes de la Autoridad del Agua (ADA), dependiente del Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires. Según el informe oficial, los inspectores constataron que una bomba instalada dentro del predio arrojaba residuos líquidos directamente al terreno natural, en violación de las normas ambientales vigentes.
El hallazgo fue presentado el 13 de junio durante una audiencia judicial ante la jueza Luciana Díaz Bancalari, quien resolvió elevar la denuncia a la Fiscalía General y a la Fiscalía Federal para determinar si existieron delitos penales. Además, la magistrada solicitó un nuevo informe técnico a la ADA para precisar el impacto ambiental de la descarga.
Desde Greenpeace alertaron sobre la gravedad del caso debido a la proximidad del punto de vertido con el río Paraná, al tiempo que la especialista Agostina Rossi Serra denunció que la empresa “persiste en sus prácticas ilegales, ignora los fallos judiciales y pone en riesgo tanto al ambiente como a la salud pública”.
El abogado del Foro Medio Ambiental (Fomea), Fabián Maggi, calificó el hecho como “criminal” y presentó una medida cautelar solicitando la suspensión inmediata de la producción de efluentes líquidos y la prohibición del uso de fuentes de agua, tanto subterráneas como del propio río.
Atanor ya había sido condenada en 2023 por contaminación ambiental, luego de que se probara el vertido de sustancias tóxicas sin tratar en el mismo cauce fluvial. En marzo de 2024, la planta sufrió la explosión de un reactor, lo que provocó la evacuación de vecinos y la clausura del predio. La producción fue reanudada en noviembre, bajo condiciones impuestas por un plan de gestión ambiental aprobado por autoridades provinciales.
La continuidad de la actividad industrial podría ahora verse comprometida por esta nueva infracción, que pone en duda el cumplimiento del acuerdo judicial que permitió su reapertura.
