La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), junto con la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) solicitaron que los gobiernos extractivistas “respeten los derechos de pueblos indígenas”.
Este comunicado surge en el contexto de la Semana de los Pueblos Indígenas, donde el organismo “insta a los Estados a proteger los derechos de los pueblos indígenas de los efectos dañinos de las industrias extractivas” en sus territorios.
En declaraciones a Noticias Argentinas, el vocero del Parlamento Mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, sostuvo que, tanto su organismo como la Confederación Mapuche de Neuquén y la Organización Malalweche de Mendoza, hicieron una denuncia “frente al extractivismo y las políticas anti indígenas” que se aplican en nuestro país, por parte de los gobiernos provinciales de Rio Negro, Mendoza y Neuquén, además del Gobierno Nacional.
“La Comisión Interamericana exige el cumplimiento del consentimiento, a través de la consulta ‘libre e Informada’, y advierte que en varios Estados, por no decir en todos, no hay debido proceso. No se respetan garantías constitucionales y no se aplican los estándares internacionales de Derecho Indígena. Además, señala que los Estados y las Empresas deben cumplir con estos estándares, algo que en la realidad no se verifica”, sostuvo.
Por su parte, la CIDH documentó “un patrón preocupante de riesgos” que deben afrontar los defensores indígenas de la tierra y el medio ambiente en el contexto de los proyectos extractivos: En toda la región, se divulgaron informes sobre procesos penales iniciados “contra personas que lideran a sus comunidades” por defender a sus territorios.
“Se acusa formalmente a esas personas de delitos definidos con ambigüedad o con demasiada amplitud y se las procesa sin las garantías básicas del debido proceso, lo cual implica un hostigamiento por protestar o por defender los derechos en cuestión. Esas acciones, muchas veces, van acompañadas del despliegue de fuerzas de seguridad, de desahucios violentos y de conflictos sociales en los que se exacerba la violencia de género contra mujeres, adolescentes y niñas. Las violaciones de los derechos humanos destacan la urgencia de que los Estados cumplan su obligación internacional de proteger los derechos de los pueblos indígenas”, sostiene el comunicado.
Para finalizar, el organismo internacional señaló que los Estados “deben ejercer funciones de regulación y supervisión y garantizar el acceso a la justicia” en los casos de violaciones a los derechos humanos, mientras que las empresas “deben tener en cuenta y respetar” el contexto de sus actividades económicas y comerciales, mantener un ecosistema saludable y preservar la diversidad biológica.
“Se hace un llamamiento urgente a los Estados de la región para que cumplan plenamente sus obligaciones, teniendo en cuenta que el desarrollo nunca debe darse a costa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. La CIDH reafirma su compromiso de ayudar a los Estados a cumplir plenamente sus obligaciones y se mantiene abierta para todas las comunidades indígenas que busquen diálogo y asistencia”, concluyeron desde la CIDH.
