El subdirector de la cárcel Villa Las Rosas, el penal salteño investigado por la presunta narcocriminalidad, declaró y los jueces ordenaron su detención al considerar que se autoincriminó.
Se trata de Marcelo Romero, jefe del Departamento de Tratamiento y Vigilancia, que fue el primer testigo en comparecer ante los magistrados Federico Diez (presidente del Tribunal), Paola Marocco y Javier Araníbar.
El funcionario sostuvo que los objetos incautados en la oficina de la Jefatura “no son puntas”, las cuales “no están prohibidas” y que los reclusos las utilizan “para sacarles punta a los lápices”.
Las “puntas carcelarias” son objetos punzocortantes que usan los delincuentes para enfrentarse con otros presos.
Romero agregó que esos elementos “miden más de 40 centímetros” o que “son arpones de más de un metro de largo”, según informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta.
De acuerdo a su relato, las requisas a los presos eran llevadas a cabo de manera sorpresiva o general, motivo por el que no se le daba aviso al jefe del pabellón, y agregó que en la confiscación de teléfonos y drogas, se labran los actas correspondientes y los objetos son derivados a la unidad fiscal.
Los celulares quedan en la Oficina de Sumarios para luego destruirlos.
El hombre sostuvo que el consumo de estupefacientes en el establecimiento “aumentó exponencialmente” y que los detenidos se ocultaban en los baños para drogarse, mientras que, según dijo, la mayor cantidad de sustancias ilícitas ingresaba por los muros a través de métodos conocidos como “paloma” o “voleo” y los arreglos para concretar la entrega se realizaban por celular.
Con respecto al escritorio en el que se hallaron las “puntas carcelarias”, refirió que lo utiliza junto a otras cinco personas y reconoció que no interpeló sobre los elementos encontrados en la mesa.
En este sentido, el procurador Pedro García Castiella y los fiscales Ana Salinas Odorisio, Gustavo Torres Rubelt y Santiago López Soto solicitaron la detención de Romero hasta que finalice la audiencia por considerar que se autoincriminó y que incumplió los deberes de funcionario.
Luego de un cuarto intermedio, recuperó la libertad y la Unidad Fiscal pidió que sea investigado.
Familiares de internos de la Unidad Carcelaria N°1 y tres empleados del Servicio Penitenciario también prestaron testimonio.
