La declaración jurada final de Felipe Miguel —presentada el 5 de enero de 2024— y un informe comercial actualizado al 14 de agosto de 2025 dibujan a un funcionario que dejó el primer plano de la gestión porteña con un patrimonio líquido y societario relevante, estando involucrado en denuncias por compras irregulares durante la pandemia, pero también con deudas bancarias y vínculos empresariales que reavivan el debate sobre la convivencia entre lo público y lo privado.
Los documentos exhiben cifras que llaman la atención: depósitos por más de $53.000.000, una cuenta comitente con U$S 120.974, conversiones MEP por U$S 27.000 (registradas como $15.900.000 en la DJ) y la constitución, en 2024, de Retiro Creek S.R.L. con un capital social de $18.000.000, donde Miguel figura como controlador mayoritario. En la DJ presentada ante la Oficina de Integridad del Gobierno porteño, declaró depósitos bancarios por $53.267.153, efectivo por $6.224.000 (incluyendo USD 3.200 convertidos a pesos), una cuenta comitente por U$S 120.974 (equivalente declarado $46.272.918), caja de ahorro en dólares por U$S 16.811 ($6.430.570) y una operación MEP de U$S 27.000 convertidos a $15.900.000, con la cotización del 7 de diciembre de 2023 ($382,50). También consigna ingresos por $8.600.000 en concepto de “conferencias” y un patrimonio inmobiliario que incluye un departamento de 375 m² en Recoleta, un lote en el country Club Universitario de Fátima (2.052 m², adquirido en 2017) con mejoras declaradas por millones, cocheras y vehículos.
En paralelo, el Boletín Oficial y registros comerciales muestran la creación de Retiro Creek S.R.L. en 2024, sociedad dedicada a “asesoramiento y desarrollo de proyectos, management, private equity y servicios de gestión”. Su capital social se divide en un 90% a nombre de Felipe Miguel y un 10% de María Sofía Castro Cranwell, su socia y pareja. La fundación de esta empresa coincidió con su salida de la Jefatura de Gabinete porteña, marcando un pasaje directo de la gestión pública a la inversión privada con control mayoritario en sus manos.
El informe comercial agrega que Miguel presenta un endeudamiento bancario por $5.172.000 y compromisos mensuales por $517.200. Una combinación de liquidez alta y obligaciones financieras que puede explicarse por estrategias de inversión, pero que plantea interrogantes sobre el origen y destino de los fondos.
Antes de convertirse en la mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta, Miguel trabajó casi seis años —entre el 1° de febrero de 2006 y el 31 de diciembre de 2011— como subgerente general de Boston Compañía Argentina de Seguros. La aseguradora, fundada en 1925, cerró en 2024 con un final escandaloso: la Superintendencia de Seguros de la Nación, bajo la gestión de Guillermo Plate y el gobierno de Javier Milei, detectó “graves irregularidades contables” y pidió su liquidación forzosa. Hubo inhibición general de bienes, prohibición de nuevos contratos, restricciones sobre inmuebles y reaseguros, y la Justicia ratificó que la empresa carecía de activos líquidos para cumplir con sus obligaciones. En el mercado, la caída se interpretó como un caso de “vaciamiento” con operaciones inmobiliarias cuestionadas, subvaluación de pasivos y reservas por debajo de lo exigido. Incluso se dictó la prohibición de salida del país para directivos del Grupo Campici —últimos dueños de Boston— hasta 2026.
EL CASO DE LOS BARBIJOS: COMPRAS CUESTIONADAS, RENUNCIAS Y DENUNCIAS
A ese escenario patrimonial se suma un capítulo oscuro de la gestión porteña durante la pandemia: la compra de barbijos y la contratación de hoteles, operaciones que terminaron por costarle el cargo a dos funcionarios y que desataron múltiples denuncias.
El 18 de abril de 2020 renunciaron —y sus renuncias fueron aceptadas por Horacio Rodríguez Larreta— Nicolás Montovio, subsecretario de Administración del Sistema de Salud, y Gonzalo Robredo, presidente del Ente de Turismo. Ambas contrataciones habían sido denunciadas públicamente por presuntas irregularidades y conflictos de interés entre funcionarios y los dueños de las empresas proveedoras. El gobierno informó que abrió una investigación interna “para garantizar que no hubo perjuicios económicos contra el Estado”, mientras la oposición presentó denuncias penales y pedidos de informes en la Legislatura.
Montovio, estrecho colaborador de la Jefatura de Gabinete, autorizó compras que hoy son motivo de querellas: una resolución del 8 de abril de 2020 autorizó la compra de 15.000 barbijos importados N95/FFP3 por $3.000 la unidad (unos $45.000.000 en total). Además, el 30 de abril y el 3 de abril de 2020 avaló la adquisición de millones de barbijos nacionales a intermediarios a $68 y $77 la unidad, cuando fabricantes directos vendían ese mismo insumo en torno a $30–$35. Las organizaciones que analizaron las compras —Observatorio del Derecho a la Ciudad, CTA Autónoma, ATE y otras— sostienen que la operatoria generó sobreprecios por cientos de millones y presentaron tres denuncias penales por fraude contra la administración pública y presunta malversación de caudales.
El intermediario más visible en la operatoria importada fue la firma Green Salud, propiedad de Ignacio Saénz Valiente —apodado “El Verde”—, empresario que según registros y fuentes judiciales mantiene vínculos comerciales con Rodrigo Miguel, hermano de Felipe Miguel. Green Salud debutó como proveedora de la Ciudad en plena crisis: creada pocos meses antes, no figuraba en el registro de proveedores y no tenía historial de ventas al Estado.
Según fuentes judiciales, Saénz Valiente estuvo vinculado en el pasado a una cuenta en Suiza reportada como sospechosa por autoridades antilavado; esa cuenta fue luego exteriorizada en el blanqueo de capitales durante la administración anterior y, según la investigación, llegó a contener alrededor de U$S 5.000.000. Esos antecedentes alimentaron el escándalo mediático y las sospechas sobre la elección de intermediarios en compras urgentes.
En paralelo, la Ciudad contrató habitaciones en una veintena de hoteles para aislamiento y alojamiento de casos leves. Entre los contratos cuestionados figura el del hotel BA CENTRAL, contratado a través de Midas Hotel Management; el directorio de esa administradora tiene vínculos familiares con la jefatura de Gobierno y la presidenta de la sociedad —Laura Jumerosky— figura ligada societariamente a Saénz Valiente. La resolución N° 67 del Ente de Turismo (firmada por Robredo) dispuso un pago de $5.439.511 por esa contratación; la polémica puso en discusión los criterios de adjudicación y la falta de conocimiento previo de la autoridad máxima, según fuentes oficiales.
Aunque Miguel dejó la compañía años antes del desenlace, su paso por la cúpula gerencial de una firma que terminó en los tribunales suma un capítulo incómodo a su trayectoria, más aún cuando su patrimonio actual, sus negocios y sus movimientos financieros se analizan en detalle. Entre depósitos millonarios, activos en dólares, una sociedad creada inmediatamente después de dejar el Gobierno y un antecedente empresarial con final judicial, Felipe Miguel acumula un perfil económico que no pasa inadvertido.
