Tras los incidentes ocurridos en el playón del estadio en el 2023, la dirigencia de Independiente de Avellaneda resolvió impedir el ingreso de las fuerzas de seguridad a la cancha para reprimir disturbios.
El detonante fue el reclamo de los hinchas del “Rojo” luego de la derrota 2-0 con Boca, que terminó con un accionar policial desmedido: gases lacrimógenos y balas de goma contra los simpatizantes. La represión generó un fuerte repudio y profundizó el malestar por la crisis deportiva que atraviesa el club.
En respuesta, el presidente Néstor Grindetti y su comisión directiva decidieron implementar un esquema alternativo, basado en la contratación de seguridad privada. Sin embargo, esta determinación tuvo consecuencias inmediatas: durante el suspendido duelo ante Universidad de Chile, la ausencia de un operativo policial terminó facilitando el violento choque entre las dos barrabravas, un episodio que ya quedó enmarcado dentro de los más graves de los últimos años.
A falta de una comunicación oficial, la continuidad de ambos clubes en los torneos organizados por la CONMEBOL se encuentra en riesgo. El organismo continental evalúa sanciones ejemplares para evitar que hechos similares empañen la competencia.
Más allá de las medidas coyunturales, la situación plantea un debate de fondo: cómo garantizar la seguridad en los estadios sin que el espectáculo deportivo quede condicionado por la violencia de los grupos organizados. La dirigencia del fútbol argentino y sudamericano enfrenta, una vez más, la necesidad de repensar sus políticas de prevención y control para recuperar la confianza de los hinchas comunes.
