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Ariel García Furfaro afronta una pena de hasta 25 años de prisión por el fentanilo contaminado

Ariel García Furfaro, empresario y dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., afronta una pena de hasta 25 años de prisión por el fentanilo contaminado. Esta acusación también recae en los otros arrestados, entre ellos directivos, accionistas y directores técnicos.

Este jueves comenzaron las indagatorias por parte del juez Ernesto Kreplak a los detenidos y allí se dispuso, tras un pedido de su defensa de excarcelación, que a Nilda Furfaro se le otorgue la prisión domiciliaria hasta que se debata su solicitud.

A su vez, se confirmó que todos los señalados, junto con Ariel García Furfaro, están imputados por un delito que tiene una pena establecida entre 10 a 25 años de cárcel.

El Artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, establece una pena de reclusión o prisión de diez a veinticinco años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona. Si se producen lesiones gravísimas, la pena es de tres años.

La acusación es grave y el dueño de ambos laboratorios podría ser condenado por segunda vez. La primera sentencia ocurrió en 2002 cuando fue penado a siete años de prisión por el delito de homicidio simple en grado de tentativa de Rafel Lupa Cayo, un empleado de su restaurante al que le rocío alcohol y lo prendió fuego.

Allí se recibió de abogado y tras salir de la cárcel decidió abocarse a la industria farmacéutica y ahora, en su poder, tiene varios laboratorios y droguerías.

Los dos más conocidos son HLB Pharma Group y Ramallo S.A., involucrados con el opioide adulterado. Aun así, también posee el laboratorio Apolo, Alpharma S.A. y Droguería ABC 1 S.A.

Además de esta grave acusación, actualmente también se encuentra procesado por el delito de contrabando agravado a través de HLB Pharma. Según dicha causa, en 2022 importó maquinarias para elaboración de medicamentos desde China y en la Aduana declaró que lo adquirió por cinco millones de dólares, cuando en realidad fueron por 500 mil dólares.