El conocido financista Pablo Arcamone y su ladero Martín Fernández, ambos detenidos en Rosario por al menos 13 estafas por un monto total de 1.3 millones de dólares, quedarán con prisión preventiva en la causa donde se los investiga por las diversas maniobras de fraude a clientes.
La causa contra Arcamone, según supo la agencia Noticias Argentinas, tuvo su origen en abril de este año cuando la Fiscalía de Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación, a cargo de Sebastián Narvaja, solicitó al personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario la realización de tareas investigativas tendientes a establecer las presuntas estafas y al comercio de venta de divisas.
A casi una semana de su detención, el juez penal Fernando Sosa lideró una audiencia donde, después de varias horas de debate, anunció que ambos acusados seguirán detenidos e imputados con prisión preventiva hasta fines de noviembre de este año.
Previamente, el 21 de agosto, el fiscal había pedido ese plazo para poder avanzar con sus investigaciones alegando la peligrosidad procesal de los señalados.
Conforme a la información a la que accedió el medio La Capital, Narvaja acusa a Arcamone y Fernández de “ser parte de un entramado como directivos del Grupo América desde el cual se pergeñaron al menos 13 estafas en las que se combinaron negocios legales, irregulares e ilegales, articulados de manera tal que, bajo una apariencia de actividad financiera lícita y regular, se llevaron adelante maniobras destinadas a captar ahorros e inversiones del público para luego apropiarse de esos fondos, canalizarlos por vías que impidieran su trazabilidad y, de ese modo, frustrar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas”.
El funcionario resaltó que la estructura delictiva “se organizó para proyectar la imagen de un conglomerado con actividad financiera sólida y regular. Para ello, se utilizaron oficinas físicas bien ubicadas, personal asignado a cada unidad de negocio, páginas web y un diseño digital profesional, así como publicidad de actividades que se presentaban como regulares y solventes”.
Durante la pesquisa se emprendieron diversos trabajos de campo y análisis, los cuales determinaron la existencia de una organización dedicada a estafas y evasión de controles fiscales y regulatorios, utilizando como fachada casas de cambio de moneda.
Arcamone además se encuentra sospechado de haber realizado una serie de defraudaciones, ofreciendo distintos terrenos para la venta a damnificados, a quienes les cobró importantes sumas de dinero en concepto de señas y de compra-venta. En las denuncias, las víctimas de dichas estafas aseguraron que nunca recibieron a cambio la propiedad de aquellos lotes.
Otras de las medidas que dispuso el juez fue el embargo de bienes y que se informe la situación actual al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, a las Bolsas y a los Mercados.
Durante estos meses de investigación, donde los acusados deberán respetar la prisión preventiva, las autoridades tratarán de constatar si el perjuicio es aun mayor. Esto se debe porque los abogados querellantes señalan que las estafas rondarían los 6 millones de dólares.
