El Congreso inició hoy el proceso de selección del Defensor del Pueblo, puesto vacante desde el 2009, y del Procurador Penitenciario bajo la presidencia del senador Daniel Kroneberger (UCR) y con la diputada Margarita Stolbizer (GEN-Encuentro Federal) como secretaria.
Fue luego del exhorto de la Corte Suprema de Justicia de finales de agosto pasado en el que le pidió al Poder Legislativo que ocupara los cargos.
Según el cronograma puesto a consideración durante la reunión, el llamado a concurso se anunciaría a partir de mañana por boletín oficial,(entre el 11 y 12 de septiembre de 2025), mientras que la recepción de propuestas se extendería desde el 17 de septiembre hasta el 8 de octubre.
El 29 de octubre se realizaría la audiencia pública con los tres candidatos preseleccionados, y el 5 de noviembre la Comisión Bicameral se reuniría para elaborar el proyecto de resolución correspondiente, el cual será elevado a ambas Cámaras para su tratamiento y posterior votación.
Al respecto, Kroneberger señaló: “Junto con mis colaboradores estuvimos trabajando en lineamientos tentativos; digo ‘tentativos’ porque quiero dejar en claro que nadie viene a imponer absolutamente nada.
“Lo que hemos elaborado es un lineamiento provisional, amparado en la ley correspondiente, y se trata de una propuesta que se somete a consideración del cuerpo, para poder avanzar en este tema. Se trata de una propuesta más abarcativa y más transparente, de cara a la sociedad”, agregó.
Stolbizer expresó su respaldo a la propuesta y destacó que el proceso debe ser “abierto, participativo, prolijo y transparente”.
En la misma línea, la senadora kirchnerista Anabel Fernández Sagasti consideró que los lineamientos establecidos eran “correctos”.
A diferencia de estos tres legisladores, la diputada oficialista Lilia Lemoine (LLA) cuestionó la realización del proceso en “este momento electoral”, ya que, según aclaró, podría entorpecer la selección de candidatos.
La Defensoría es un organismo independiente que tiene como fin la promoción, protección y defensa de los Derechos Humanos, y es la única Institución Nacional de Derechos Humanos reconocida por Naciones Unidas en la Argentina.
El Defensor del Pueblo es designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de cada una de las Cámaras y dura cinco años en su cargo.
El último en ejercer el cargo -entre 1999 y 2009- fue el peronista Eduardo Mondino. El año pasado se cumplieron 15 años de vacante en el área, lo que fustigado por diversas organizaciones civiles.
La institución fue creada en 1993 por ley y, con la reforma de 1994, adquirió rango constitucional. La Defensoría solo tuvo dos representantes, desde el ’94 al 2009, y el predecesor de Mondino fue Jorge Luis Maiorano.
