El estudio de abogados que patrocina a la jueza Julieta Makintach en la causa penal que investiga el documental Justicia divina basado en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona emitió un comunicado de prensa en el que calificó de “absurda” y “sorprendente” la imputación por los delitos de cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
De acuerdo al comunicado que el estudio Guerendiain, Corleto y Urrutia le envió a la agencia Noticias Argentinas, la causa “se sostiene en una actuación procesal promiscua entre algunos abogados de partes adversarias y ciertos funcionarios públicos”.
El escrito recrimina que se cometen “tergiversaciones” en los hechos y agrega que la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro es víctima de un “avasallamiento”.
En este sentido, los defensores remarcan que el proceso contiene “insuperables irregularidades”, motivo por el que pedirán “la nulidad del requerimiento fiscal contemplado en en el artículo 300 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires”.
“Existen constancias documentadas de la existencia de millones de razones que convencieron a propios y extraños en dar inicio a un proceso que todos sabemos que carece de elementos típicos y de conjeturas serias sobre la ocurrencia de conductas comprendidas como delitos”, añade el documento.
Para los abogados Diego Guerendiain, Nicolás Corleto y Nicolás Urrutia, “la acusación carece de una base jurídica sólida” y esta situación “afecta la credibilidad del proceso judicial”, al tiempo que efectuarán “las presentaciones judiciales correspondientes” a fin de “analizar la objetividad” de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo.
Los funcionarios judiciales resaltan en el escrito de 42 páginas al que accedió NA que hay elementos suficientes para endilgarle a la magistrada dichos delitos.
“De las heterogéneas evidencias recabadas en la investigación preliminar, surgieron graves irregularidades que comprometen penalmente a la magistrada denunciada”, destaca el escrito.
Los tres fiscales expresaron que la juezaaceptó la propuesta comercial efectuada por Maria Lía Vidal Alemán, “bajo la promesa de poder obtener beneficios económicos futuros directos”.
Un punto importante que se menciona es que ambas procuraron que Juan Manuel D’Emilio se ocupara de la producción del proyecto, mientras que Makintach debía ocuparse de los puntos esenciales dentro del Tribunal.
En este sentido, se comprometió a “habilitar las locaciones del edificio público de Tribunales de San Isidro, facilitar la obtención de imágenes fílmicas desde el interior de la sala de audiencias donde transcurría el debate y asumir el rol de presidente del Tribunal del juicio para adquirir un mayor protagonismo”.
Esta imputación se logró ante el análisis de las cámaras de seguridad y diversas declaraciones, las cuales permitieron dar cuenta de la responsabilidad de la magistrada en el entramado de la producción audiovisual, el cual se iba a llamar Justicia Divina.
Ante todo lo expuesto, requirieron que se lleve adelante el juicio político en su contra y su desafuero para avanzar en su indagatoria.
