En un contexto de fragilidad macroeconómica, el Gobierno despliega medidas para sostener la estabilidad: recortes adicionales en subsidios a energía y transporte, reducción de transferencias discrecionales a provincias y una reforma previsional en estudio que cambie la fórmula de actualización y evalúe alzas graduales de edad jubilatoria.
La caída de la recaudación por menor actividad amenaza el superávit primario, por lo que se analizan fuentes de financiamiento y acuerdos con multilaterales.
En el frente externo, con reservas acotadas, el Banco Central contiene la brecha cambiaria mientras Economía explora un nuevo programa con el FMI atado a reformas. Se busca atraer inversiones en energía y economía real, con compromisos sujetos a estabilidad jurídica.
La conflictividad gremial y social aumenta por pérdida de ingresos y ajustes; el Gobierno refuerza asistencia focalizada sin revertir el recorte de planes. La oposición se divide entre acompañamiento parcial y críticas al rumbo. La estrategia oficial confía en disciplina fiscal y reformas, con el interrogante del tiempo político disponible para ver resultados.
