El “cramdown” de Vicentin volvió a quedar bajo cuestionamiento luego de que un grupo de acreedores granarios presentara ante la Justicia una objeción contra la propuesta de Grassi SA, al considerar que no respeta la Ley de Concursos y Quiebras.
La presentación, realizada por el abogado Mateo Germán Schott en representación de siete acreedores, sostiene que la oferta contempla un dividendo inferior al que correspondería en caso de liquidación de los bienes de la agroexportadora. Además, advierte que somete a los disidentes a condiciones “abusivas y discriminatorias”.
El escrito cuestiona el esquema que ubica automáticamente a los acreedores que no adhieran a ninguna de las opciones del menú de pago en una “propuesta residual”, equivalente a un cobro teórico del 40% del crédito en diez cuotas anuales, con la más significativa recién en 2036 y con un interés del 1,2% anual en dólares a partir del segundo año.
Según los cálculos de los demandantes, en la práctica esta fórmula implica una quita real de entre el 93% y el 97%, violando el requisito legal de garantizar un dividendo no inferior al de la quiebra. También remarcan que el mecanismo “castiga” a quienes no expresen su adhesión, imponiéndoles la peor de las alternativas mientras que otras opciones prevén pagos inmediatos con menores quitas.
En ese sentido, los acreedores advierten que la propuesta de Grassi vicia la voluntad de los acreedores y limita su libertad de elección, al presionarlos para firmar conformidades bajo la amenaza de quedar afuera del cobro.
