En un estudio de Buenos Aires, bajo el escrutinio de asesores de Casa Rosada, José Luis Espert grabó un video el 2 de octubre de 2025 que buscaba apagar un incendio desatado por documentos judiciales de Texas: admitió haber recibido US$200.000 en enero de 2020 como “adelanto por servicios de consultoría” de Minas del Pueblo, una empresa minera guatemalteca vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido desde 2021 con pedido de extradición por narcotráfico, fraude y lavado de activos en EE.UU.
La transferencia, registrada en un libro contable del Bank of America, fue prueba clave en la condena de Debra Mercer-Erwin, socia de Machado, a 16 años por mover cocaína del Cártel de Sinaloa a través del fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation. Espert asegura que no fue un aporte de campaña, sino un contrato frustrado por la pandemia, y jura ignorar los delitos de Machado: “No fue un pago del señor Machado, sino de una empresa que solicitaba mis servicios”.
Pero su relato, guionado tras presión de Javier Milei -quien lo defendió como “opereta kirchnerista” pese a acusarlo de coimas en 2021-, carece de facturas, contratos o registros fiscales ante ARCA, y no explica 36 vuelos en aviones de Machado durante su campaña de 2019 (cinco compartidos con el narco), una camioneta blindada ni un patrimonio que creció 789% de $29 a $262 millones entre 2022 y 2024.
MÁS DUDAS QUE CERTEZAS
En un país donde un gran porcentaje de ciudadanos viven en la pobreza, que un diputado que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, predicador de la austeridad anticasta, flote en opacidades ligadas a un narco con aviones que movían cocaína desde Colombia y Venezuela no es un escándalo menor: es una puñalada a la fe ciudadana.
La denuncia penal de Juan Grabois en San Isidro, que podría escalar a Comodoro Py, acusa lavado y enriquecimiento ilícito, respaldada por documentos texanos y un salto patrimonial desproporcionado frente a ingresos declarados de $54 millones en 2023, con $92 millones de aumento ese año.
¿Dónde está la factura por esa “consultoría”?
¿Qué destino tuvieron esos dólares?
¿Por qué Varianza SA, su sociedad conyugal creada en 2019, cae de $50.000 en 2023 a $1 en 2024, mientras inmuebles mutan superficies (Beccar de 250 a 472 m², Pergamino de 1 a 212 m²) y dólares bancarizados colapsan de US$34.000 a US$281?
EL ORIGEN DEL ESCÁNDALO: UN PACTO EN LAS SOMBRAS
La chispa saltó con documentos texanos, que Grabois usó para denunciar en 2025 lo que ya olía mal en 2021, cuando la Justicia Electoral archivó irregularidades en aportes de campaña de Espert por “falta de pruebas”.
Pero Texas no miente: el fideicomiso Aircraft Guarantee Corporation, usado para aviones fraudulentos que traficaban cocaína, canalizó los US$200.000 a Espert postcampaña, disfrazados como “consultoría minera”.
La cronología es implacable: en marzo de 2019, vía Nazareno Etchepare, Espert se reunió con Machado en San Fernando, pactando aviones, una camioneta blindada a nombre de Claudio “Lechuga” Ciccarelli (testaferro de Machado, cuñado de la diputada Lorena Villaverde, arrestada con cocaína en Florida en 2002) y fondos – Espert pidió hasta US$5 millones, según testimonios-.
En 2019, Espert presentó su libro en Viedma en un jet de Machado, cenó en su casa con Ciccarelli y usó 36 vuelos (costo estimado: US$315.000), confirmados por el piloto Axel Vugdelija, jefe directo de Machado.
DE LA ESQUIVA AL VIDEO GUIONADO
La primera reacción de Espert fue esquivar: en A24, ante Pablo Rossi, calificó los documentos texanos de “papel trucho” y se negó a responder: “No le doy el gusto a Grabois”.
Culpó al “kirchnerismo” por una “campaña sucia” desde 2021, cuando Milei lo acusó de recibir coimas -irónicamente, ahora lo blinda-.
Patricia Bullrich exigió “aclarar ya”, pero retrocedió; el Gobierno, con malestar interno -Caputo lo contuvo, Sturzenegger y Menem pidieron apartarlo de Presupuesto-, lo escondió de actos hasta que se confirmó el giro bancario.
Presionado por Karina Milei, quien supervisó el guion, Espert grabó el video admitiendo el pago, jurando declarar todo en ARCA y negando aportes de campaña.
TESTIMONIOS QUE DESARMAN EL RELATO
Clara Montero Barré, exjefa de prensa de Espert en 2019, lo pinta crudo: “Machado no era solo un aportante; opinaba, intervenía, ofreció la vicepresidencia a Marcelo Longobardi”.
Barré presenció reuniones en el Hipódromo de San Isidro y el Four Seasons, y Longobardi confirmó contactos con Machado en Nueva York vía ella.
Vugdelija, piloto de Machado, detalló los 36 vuelos en Beechcraft King Air y Bombardier, matriculados fraudulentamente para evadir controles.
Estos testimonios, sumados a un video de Espert agradeciendo a “Fred” en 2019, desmienten su “ingenuidad”.
LAS PREGUNTAS QUE EL BISTURÍ EXIGE
El periodismo no vive de excusas; corta con pruebas. Estas son las preguntas que Espert debe responder para que su relato no se desmorone:
¿Completó los servicios de consultoría para Minas del Pueblo? ¿Existen contratos, entregables, cronogramas?
¿Emitió factura por los US$200.000 como honorarios profesionales? ¿Está registrada en su contabilidad?
¿Declaró el ingreso ante ARCA y en sus juradas patrimoniales, como exige la Ley de Ética Pública (25.188)?
¿Dónde están hoy esos US$200.000? ¿Fueron invertidos, trasladados al exterior o disimulados vía Varianza SA?
¿Cómo justifica recibir fondos de una estructura ligada a narcotráfico y lavado, violando potencialmente la Ley 25.246?
¿Por qué no muestra documentación pública que acredite la legitimidad fiscal de la operación?
¿Por qué Varianza SA, inactiva, cae de $50.000 a $1, y sus inmuebles varían superficies de forma inverosímil?
Si el contrato se frustró, ¿por qué no devolvió los fondos o registró penalidades contractuales?
IMPLICANCIAS LEGALES Y POLÍTICAS
La opacidad de Espert viola el Código Fiscal (Ley 11.683) por no facturar ni declarar ingresos, la Ley de Financiamiento Político (26.215) por omitir aportes logísticos, y arriesga cargos por lavado (art. 303 CP) y enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), según expertos como Roberto Saba.
La Oficina Anticorrupción debe peritar: ¿Varianza SA trianguló fondos narco? La causa en San Isidro, bajo secreto de sumario, podría escalar a Comodoro Py.
Políticamente, el caso fractura La Libertad Avanza: Menem y Sturzenegger piden apartar a Espert, temiendo un costo electoral en 2025; el kirchnerismo exige expulsión.
UN PUÑAL A LA CONFIANZA CIUDADANA
En un país donde la inflación devora salarios, un diputado que predica “nueva política” no puede volar en aviones narco ni esconder US$200.000 sin rendir cuentas.
Espert debe mostrar contratos, facturas, trazabilidad, no excusas de “no sabía”. La democracia no se sostiene con videos guionados ni silencios cómplices; exige pruebas.
Si no las presenta, que la Justicia actúe y la Cámara evalúe su rol en Presupuesto. La confianza ciudadana no es un lujo: es el cimiento de la república, y Espert la hace temblar.
