El Gobierno oficializó la creación de la Ventanilla Única de Pago Registral Automotor (VUPRA), un sistema digital que centralizará a partir del 1° de noviembre el pago de aranceles, impuestos, tasas y multas en todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 572/2025 y se presenta como un paso hacia “la simplificación de trámites y la modernización del Estado”.
Fuentes del sector advirtieron que, lejos de significar una mejora, la medida podría implicar un retroceso: “No se cuestionan las medidas de modernización en sí, lo que preocupa es la improvisación, la falta de certezas y que las medidas no parecen apuntar a prestar un mejor servicio. Por empezar, ya no podrán hacerse pagos en efectivo y no está claro si todos los medios de pago hoy vigentes podrán mantenerse. El sistema arranca en noviembre, pero no se sabe cómo se va a articular con provincias, municipios y bancos. Sin eso, puede derivar en caos administrativo”.
Uno de los puntos críticos señalados por las fuentes, es que la resolución deroga el esquema vigente desde 1986 para el cobro de aranceles en los Registros Seccionales, lo que, según los operadores, pone en riesgo la fuente de financiamiento con la que funcionan estas oficinas en todo el país.
“Los fondos provenientes del pago de los aranceles tienen como destino el financiamiento del sistema registral y el remanente se debe girar al Ministerio. Los Seccionales atienden los gastos de funcionamiento con esos ingresos. Si la recaudación se centraliza en una plataforma nacional sin un mecanismo claro de distribución, el sistema entero queda desfinanciado. Eso afectará la atención al ciudadano”, advirtió un mandatario consultado.
Riesgos en la seguridad jurídica
Otra preocupación es el impacto que podría tener en la seguridad jurídica de las operaciones de transferencia de vehículos. “El automotor es el segundo bien registrable en importancia después del inmueble. El sistema vigente da trazabilidad y seguridad a cada operación. Si los registros pierden recursos o capacidad de control, lo que se pone en riesgo es la seguridad jurídica de millones de usuarios”, señaló en off un actor del sistema.
También existe incertidumbre respecto a la interoperabilidad con las jurisdicciones locales, ya que la adhesión de provincias y municipios es voluntaria. Esto podría generar asimetrías y diferencias de aplicación según el distrito.
El trasfondo político
La implementación de VUPRA se enmarca en la política de digitalización de la administración pública. No obstante, en el sector registral advierten que la medida avanza sin un plan de transición claro y con escaso diálogo con quienes hoy gestionan los trámites.
“Nos enteramos por el Boletín Oficial, no hubo una mesa de trabajo previa. No se trata de resistir los cambios, se trata de que un servicio esencial no quede a la deriva”, agregó una fuente del sector.
El Ministerio de Justicia sostiene que VUPRA aportará agilidad y transparencia a los trámites, mientras que desde los registros se señalan dudas sobre la coordinación con provincias y municipios, el financiamiento de las oficinas seccionales y la capacidad del sistema para garantizar la seguridad jurídica de las operaciones.
