La Justicia Federal de Rosario resolvió dejar en libertad a Brisa Leguizamón, conocida por haber protagonizado junto a su pareja Esteban “Pinky” Rocha la llamada “boda narco” de Ibarlucea, que en enero de 2022 terminó con un triple homicidio.
La joven de 27 años fue condenada a cinco años de prisión por comercio de estupefacientes, pero el tribunal consideró que ya había cumplido la pena entre el tiempo de arresto domiciliario y los meses que pasó presa en Paraguay esperando la extradición.
Rocha, de 30 años, recibió una pena de cuatro años, por lo que continuará detenido por algunos meses más. Ambos fueron juzgados el 16 de septiembre pasado, luego de ser extraditados a la Argentina en 2023 tras permanecer prófugos durante un año.
Según medios locales, el 29 de enero de 2022, ocurrio el casamiento de Rocha y Leguizamón en Ibarlucea, donde a la salida del evento, un Audi TT fue atacado a tiros, y murieron Maximiliano Giménez, Érica Romero y su beba de un año y medio.
Hasta poco antes de la boda, Leguizamón y Rocha eran considerados vendedores de droga de baja escala, ligados a Olga “Tata” Medina, una histórica referente del narcomenudeo en la zona norte de Rosario, pero tras la masacre, ambos escaparon del país y se refugiaron en Asunción, donde alquilaron un departamento de lujo con piscina, helipuerto y canchas de tenis.
Durante su estadía en Paraguay, la pareja mostraba una vida de ostentación en redes sociales, que terminó siendo clave para su localización.
Allí, los investigadores detectaron su paradero tras analizar publicaciones de Instagram en las que aparecían en un edificio llamado Miami, cuyas unidades se alquilan por más de 3.000 dólares mensuales.
El Tribunal Oral Federal N° 3 de Rosario, integrado por Germán Sutter Schneider, Elena Dilario y Ricardo Vázquez, convalidó un juicio abreviado y los condenó como partícipes secundarios del delito de comercialización de drogas.
A Leguizamón le impusieron una multa de 70.000 pesos, mientras que Rocha deberá abonar 56.000 pesos. Además, ambos fueron obligados a pagar una tasa judicial de 4.700 pesos.
Aunque su extradición estuvo acompañada de un imponente operativo policial y cobertura mediática, la investigación judicial nunca pudo probar que fueran jefes narcos.
Para la Justicia, formaban parte de una estructura menor, aunque su acceso al lujo sigue siendo un misterio no resuelto.
