El Gobierno de Javier Milei impulsa una profunda reforma laboral orientada a modernizar la legislación, facilitar la contratación y formalizar cerca de ocho millones de puestos de trabajo informales. La iniciativa, que será enviada al Congreso, busca consenso entre sindicatos y empresarios y promete “modernizar un régimen contractual que tiene más de 70 años y no está diseñado para este mundo”.
El proyecto prevé la ampliación de la jornada laboral, permitiendo bancos de horas, compensaciones y extensiones de hasta 12 horas diarias que podrán ser acordadas en paritarias y convenios colectivos.
También introduce cambios en las vacaciones, que podrán otorgarse en cualquier momento del año y fraccionarse en períodos no menores a una semana. Se garantiza una temporada de verano cada dos años para cada trabajador, salvo que el propio empleado disponga lo contrario.
Las indemnizaciones para micro, pequeñas y medianas empresas podrán abonarse en hasta doce cuotas mensuales, con topes proporcionales a la sentencia judicial, mientras que se facilitará la homologación de acuerdos para reducir litigios laborales.
En otro punto, se promueve la digitalización de los trámites, otorgando validez legal a recibos y documentación en formato electrónico, y se amplían los medios de pago, que podrán realizarse por bancos, cheques o plataformas digitales autorizadas.
El texto impulsa además una flexibilización de los convenios colectivos, priorizando acuerdos por empresa que contemplen la productividad, el mérito y la sustentabilidad económica por sobre los incrementos automáticos por inflación.
Entre los incentivos fiscales, se crea un bono de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos vínculos laborales durante los primeros 18 meses de vigencia. El beneficio alcanzará el 100% de las contribuciones patronales para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías.
El proyecto redefine los beneficios sociales, excluyendo del salario conceptos como almuerzos, útiles escolares, telefonía móvil o reintegros médicos, e introduce un procedimiento de control médico centralizado en la Secretaría de Trabajo para verificar licencias por enfermedad o accidente.
Además, actualiza el régimen de responsabilidad solidaria laboral en casos de subcontratación y establece multas y sanciones de hasta el 100% del beneficio obtenido para quienes incumplan las normas o realicen fraudes en el acceso a incentivos fiscales.
La Casa Rosada sostiene que la reforma “no implica ir contra los derechos de nadie”, sino que busca “generar trabajo formal y competitivo, adaptado a la nueva economía”.
