El Gobierno nacional avanza con la licitación para la operación privada de las cuatro represas hidroeléctricas del Comahue —Alicurá, El Chocón-Arroyito, Cerros Colorados-Planicie Banderita y Piedra del Águila— y prevé un análisis minucioso del historial judicial y arbitral de las empresas oferentes, especialmente aquellas que en el pasado litigaron contra el Estado argentino en tribunales internacionales.
La convocatoria, inicialmente prevista para septiembre pero postergada por pedido de las empresas en medio de la volatilidad cambiaria previa a las elecciones presidenciales, busca renovar las concesiones vencidas en 2023 bajo un esquema que contempla participación privada y un margen accionario de hasta el 10% para las provincias de Neuquén y Río Negro.
La propuesta incorpora un canon por el uso del recurso hídrico y un mecanismo de distribución de ingresos que destinará un porcentaje a obras de infraestructura definidas por la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), con el objetivo de garantizar un aprovechamiento sustentable y federal del sistema.
Entre las compañías interesadas en competir se encuentran las actuales operadoras —Enel Generación, Central Puerto, Aconcagua Energía Generación y AES Corporation— así como nuevos jugadores del sector energético como Pampa Energía, YPF Luz, Genneia, MSU Energía, la francesa TotalEnergies y conglomerados chinos con presencia en el negocio hidroeléctrico global.
El antecedente de conflictos internacionales es un factor que el Ejecutivo considera sensible. Entre los casos destacados figura el de la estadounidense AES, ex operadora de Alicurá, que obtuvo este año un fallo favorable por más de 700 millones de dólares en el CIADI, derivado de la pesificación de los contratos ocurrida en la década del 2000.
Fuentes oficiales señalaron que si bien estos antecedentes no inhabilitan la participación en la licitación, sí requieren “un análisis más cuidadoso” en la evaluación. “El país no puede exponerse a repetir conflictos jurídicos que terminaron costando millones de dólares”, explicaron desde el entorno de la Secretaría de Energía.
La nueva fecha límite para la presentación de ofertas quedó fijada para el 7 de noviembre próximo, y el Gobierno espera adjudicar las nuevas concesiones antes de fin de año, en línea con el plan de ordenamiento del sector energético.
