La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena a un grupo de agentes y funcionarios del Servicio Penitenciario Federal (SPF) por haber torturado hasta la muerte a un detenido en la Unidad N°9 de Neuquén y por haber intentado encubrir el hecho.
El caso tuvo como víctima a Argentino Pelozo Iturri, de 38 años, conocido como “El Rengo Argentino”, quien murió el 8 de abril de 2008 tras una brutal golpiza recibida dentro de la cárcel, pocos días después de haber sido detenido acusado de asesinar a un policía.
Según la investigación, el hombre fue golpeado por varios agentes penitenciarios mientras pedía que se detuvieran. “Paren que me van a matar”, llegó a gritar antes de sufrir un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte.
En marzo de 2019, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Neuquén condenó a prisión perpetua a los agentes Carlos Alberto Vergara, Orlando Horacio John, Pablo Ángel Muñiz, Javier Félix Pelliza, Pablo David Sepúlveda, Daniel Ulises Romero, José Lorenzo Retamal y José Walter Quintana, por el delito de imposición de torturas seguida de muerte.
También fueron condenados a penas menores el entonces jefe de la unidad, Héctor Oscar Ledesma; el subjefe, José Roberto Sosa; y el jefe de seguridad externa e interna, Daniel Ricardo Huenul, por omisión de evitar la tortura y falsedad ideológica. La sentencia incluyó al ex jefe regional Gabriel Eduardo Grobli, al médico de la unidad Juan Carlos Heredia y al enfermero Miguel Ángel Carrilao, por encubrimiento y omisión de denunciar el delito.
El tribunal oral que dictó las condenas señaló en su fallo que “sin exageración alguna, la muerte era previsible para la propia víctima y sin duda también lo era para los cobardes agentes que se potenciaban por su cantidad y autoridad sobre el detenido”. En su resolución, describió el caso como un ejemplo del accionar sistemático de violencia dentro de la ex Unidad 9, donde el Servicio Penitenciario intentó “mostrar un cuadro muy diferente a lo que verdaderamente ocurrió”.
La Cámara Federal de Casación Penal había confirmado las condenas más graves y ordenado revisar las penas por encubrimiento. Finalmente, los penitenciarios condenados a prisión perpetua llevaron el caso a la Corte, que desestimó sus recursos en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, dejando así firme la sentencia.
El máximo tribunal, con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, declaró “inadmisibles” los recursos de las defensas.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, querellante en la causa, consideró “histórico” el fallo, que constituye un antecedente clave en materia de responsabilidad penal de agentes penitenciarios por casos de tortura y muerte de personas bajo custodia estatal.
