Buenos Aires, 15 de noviembre (NA) – La Justicia Federal acaba de emitir un fallo que obliga a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “de inmediato” en el tramo de la Ruta Nacional 40 que une Bariloche con El Bolsón, en la provincia de Río Negro.
Esta resolución judicial, a la que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, surge a partir de una presentación realizada por el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y se da en un contexto donde el nuevo ministro del Interior, Diego Santilli, busca estrechar lazos entre la Casa Rosada y las administraciones provinciales.
La acción judicial tuvo su origen en marzo de 2022, cuando la Fiscalía de Estado de Río Negro, durante el gobierno de Alberto Fernández, presentó la demanda ante el Juzgado Federal de Bariloche. Tras una apelación, el fallo quedó firme, lo que implica que los plazos para la realización de las obras ya se encuentran en curso.
Desde el gobierno de Río Negro, se informó que “La sentencia establece que Vialidad Nacional debe ejecutar de inmediato, con cargo al presupuesto 2024, un conjunto de trabajos esenciales para garantizar la seguridad vial”. Entre las intervenciones catalogadas como más urgentes, se incluyen “la reparación de pozos, grietas, ahuellamientos y deformaciones peligrosas; la corrección de los descalces de banquinas”.
PLAZOS ESTRICTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO
El fallo judicial no se limita solo a las reparaciones estructurales, sino que también exige a Vialidad Nacional reponer la señalización horizontal e instalar carteles verticales, tanto de día como de noche, en áreas críticas como curvas, badenes y zonas con riesgo de derrumbe. La gestión de Weretilneck subraya, amparada en la sentencia, que “Todas estas intervenciones deben realizarse sin reprogramaciones ni demoras administrativas”.
La sentencia, que se inició mediante un amparo colectivo, establece plazos bien definidos. Se indica que “Dentro de los primeros 90 días, Vialidad Nacional deberá presentar un relevamiento completo de todos los puntos críticos del tramo, acompañado por un cronograma detallado de ejecución de cada reparación ordenada”. En este mismo período de 90 días, Vialidad debe elaborar un informe técnico para determinar el riesgo de arrastre de piedras y, si existe, proponer y calendarizar las medidas correctivas. Además, la provincia especificó que Vialidad “También deberá informar si es necesario instalar puestos de control de carga y, en caso afirmativo, qué medidas implementará y en qué plazos”.
Adicionalmente, el Poder Judicial otorga 120 días para que se presente un “plan integral de mantenimiento para aplicar una vez finalizadas las reparaciones urgentes”, con el objetivo de incluir acciones de prevención y conservación futura de la ruta.
Esta orden judicial se emite en un momento particular para la Dirección Nacional de Vialidad, organismo que el presidente Javier Milei intentó disolver por decreto en julio, dos días antes de que caducaran las facultades delegadas por el Congreso en la Ley Bases. El Decreto 461/2025, que facultaba la reubicación, traslado y supresión de estructuras, fue suspendido por seis meses.
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