Buenos Aires, 20 noviembre (NA) – La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la responsabilidad del ex policía federal Juan Carlos Alzugaray en el secuestro del abogado boliviano Gustavo Manuel Medina Ortiz, ocurrido en Salta en octubre de 1975, en el marco de la denominada “Operación Cóndor”.
Por mayoría, el tribunal penal más alto del país rechazó el recurso presentado por la defensa del represor y ratificó la condena como coautor del delito de privación ilegítima de la libertad, calificado como crimen de lesa humanidad. Sin embargo, los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci absolvieron al imputado del delito de homicidio agravado, voto al que se opuso el magistrado Alejandro Slokar, quien también propuso mantener esa condena.
Ledesma destacó la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio oral, entre ellas las declaraciones de los hijos menores de la víctima, de 11 y 12 años, quienes presenciaron el secuestro de su padre por parte de un grupo armado que incluía tanto a agentes argentinos como bolivianos.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el juez Slokar argumentó que los hechos no pueden analizarse de forma aislada, sino dentro de un contexto de represión transnacional orquestada por diversas dictaduras sudamericanas con apoyo logístico e informativo de agencias de inteligencia estadounidenses. En este sentido, subrayó que Alzugaray actuó como parte de una estructura jerárquica destinada a ejecutar un plan sistemático de represión contra opositores políticos.
“La entrega de personas detenidas a agentes del país vecino, con el fin de asegurar su desaparición o eliminación, constituyó una metodología habitual”, advirtió Slokar, quien recordó que la Operación Cóndor implicó la vigilancia y eliminación de disidentes más allá de las fronteras nacionales.
El caso se remonta al 10 de octubre de 1975, cuando Gustavo Medina Ortiz fue secuestrado de madrugada en su domicilio en la ciudad de Salta, frente a su familia, por un grupo de hombres armados, algunos de ellos uniformados. Según el fallo, entre los secuestradores se encontraba Alzugaray, entonces inspector de la Policía Federal, y un agente boliviano. Desde ese momento, no se volvió a saber nada de la víctima.
Medina Ortiz, abogado y militante sindical de izquierda, había huido de Bolivia tras ser perseguido por el régimen de Hugo Banzer y se había radicado en Argentina. Su secuestro fue precedido por hostigamientos y amenazas, incluyendo un allanamiento y advertencias directas de Alzugaray.
El juez Slokar también citó investigaciones de Stella Calloni y Baltasar Garzón, y documentos desclasificados por Estados Unidos, para señalar la responsabilidad del gobierno norteamericano en el respaldo de las dictaduras sudamericanas. Recordó, entre otras pruebas, la reunión mantenida en 1976 entre Henry Kissinger y el canciller argentino de la dictadura, César Guzzetti, en la que el funcionario estadounidense avaló la represión ilegal.
“El terror y el desamparo marcaron la vida de nuestros pueblos, que fueron privados de sus derechos sociales, políticos, jurídicos y culturales”, recordó Slokar, citando al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.
Con esta resolución, la Cámara de Casación reafirmó la calificación de lesa humanidad del caso, en un nuevo avance judicial en el juzgamiento de crímenes cometidos durante la coordinación represiva regional conocida como “Operación Cóndor”.
