Buenos Aires, 26 noviembre (NA) – El caso por los homicidios de Cassandre Bouvier (29) y Houria Moumni (24) las dos turistas francesas que fueron asesinadas en julio de 2011 en la provincia de Salta, tiene nuevos avances tras la nueva investigación dispuesta por Resolución de Procuración General.
En febrero de este año la Procuración General dispuso la conformación de una Unidad Fiscal Especial, integrada por los fiscales María Luján Sodero Calvet, Pablo Rodrigo Paz, Gabriel González y Daniel Espilocín, “con la finalidad de abordar una revisión del caso bajo estándares actuales de investigación penal y técnicas científicas, dada la trascendencia internacional del hecho y su impacto en la sociedad salteña”.
Esta medida fue dictaminada tras el sobreseimiento por exceso del plazo razonable de juzgamiento que beneficiara al acusado Santos Clemente Vera, destaca el documento del Ministerio Público Fiscal provincial, al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Ante la disposición, dicha Unidad Fiscal “ha venido trabajando sostenidamente y sin pausa desde aquella fecha de conformación bajo un esquema de abordaje integral que combina el análisis técnico del material producido en la causa original con la aplicación de nuevas herramientas científicas y métodos contemporáneos de investigación penal”.
Durante estos primeros meses se revisó la estructura probatoria reunida en 2011, se verificó la consistencia y trazabilidad de la evidencia incorporada y se amplió el alcance de las líneas de trabajo.
Uno de los primeros avances que se requirió al Juzgado de Garantías 7ma Nominación es el “mantenimiento de la totalidad de los elementos secuestrados y la autorización para extraer datos de los celulares y demás dispositivos de almacenamiento de datos”.
A su vez, se requirió también al Juzgado de Garantías 1era Nominación que “libre un Exhorto Judicial Internacional para que, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación se notifique a la madre Cassandre Bouvier y a la madre y al padre de Houria Mounmi los derechos que le asisten como víctimas”.
Luego de estas solicitudes, la Unidad a cargo desarrolló una metodología en etapas: la primera consiste en una revisión técnica y estructural del expediente histórico, que supera las siete mil fojas e incluye toda la evidencia secuestrada en 2011.
Las autoridades explicaron que esta revisión permite reorganizar cronológicamente los hechos y analizar la trazabilidad de cada prueba: “Se trata de una tarea necesaria para comprender el estado de la causa, detectar eventuales puntos ciegos y asegurar que la nueva investigación avance sobre bases verificables y actualizadas”.
La segunda etapa, que se orienta a la producción de nuevos análisis y pericias con herramientas que no estaban disponibles en 2011, el Laboratorio de Informática Forense del CIF realiza constantemente nuevas extracciones y análisis de los teléfonos y dispositivos electrónicos secuestrados, aplicando técnicas modernas de recuperación de datos y reconstrucción de patrones de comunicación.
Otro punto indicado en el documento es que, a pedido de colaboración de la Unidad Fiscal, el Servicio Médico Forense del Ministerio Público de Santiago del Estero examinó los informes de Anatomía Patológica y Entomología, “concluyendo que los resultados obtenidos durante la instrucción original se corresponden con los estándares científicos de referencia internacional y aportan elementos que deben integrarse adecuadamente en la evaluación actual”.
Se inició además el “tránsito de un camino de solicitudes de colaboración e intercambio internacional con los equipos franceses que habían trabajado en el tema; lo que está siendo canalizado a través de Cancillería de la Nación”.
Otro componente central de esta nueva pesquisa consiste en la “incorporación y análisis exhaustivo de los cuadernillos periciales elaborados por expertos forenses franceses, los cuales contienen estudios avanzados en biología molecular, microscopía, espectrografía y análisis comparativos”.
Acerca del suicidio del comisario Néstor Píccolo, quien participó de la investigación de 2011, se requirió la remisión de las actuaciones relacionadas. Ese mismo escenario fue para los expedientes donde se comprueban la existencia de apremios ilegales y falsedad ideológica vinculados al personal policial que intervino en aquella primera etapa.
Un dato que se aportó al informe es que se recibió el testimonio de Gustavo Orlando Lasi, quien ratificó la versión brindada en procesos anteriores, como así del ciudadano francés Jean Charles Chatard, autor de un libro que aborda aspectos críticos de la investigación anterior.
Ante las diferentes conclusiones alcanzadas por los expertos de Francia y las del doctor Daniel Corach, a cargo de las pericias durante la Instrucción Formal, se solicitó al Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales realice un detallado análisis de todas las pericias, los métodos aplicados, las muestras sobre las que trabajaron “a los fines de determinar las posibles causas de las diferencias”.
Sobre lo último dictaminado, “se encuentran en trámites diligencias con fuerzas nacionales a los fines de conseguir herramientas forenses que permitan una extracción más amplia de los dispositivos teniendo en cuenta la antigüedad de los mismos”.
EL CASO
Las dos víctimas fueron abusadas y asesinadas el 29 de julio de 2011 en el Mirador de San Lorenzo, en un cerro a unos 12 kilómetros del centro de Salta.
Ambas se habían hecho amigas tiempo atrás durante su etapa de estudio y viajaron a Salta para recorrer el norte argentino. #AgenciaNA
