Buenos Aires, 27 noviembre (NA) – El fallo judicial que hoy tiene al reconocido restaurante Piegari al borde del cierre volvió a poner sobre la mesa el debate por las condiciones laborales en el sector gastronómico.
Según investigó la Agencia Noticias Argentinas, en este contexto resurgieron las declaraciones que en 2022 hizo el empresario gastronómico Roberto García Moritán, dueño de restaurantes como La Mar y Tanta, cuando admitió públicamente que pagaba sueldos por fuera del convenio y por debajo de la Canasta Básica.
La empresa Piegari, ubicada en la zona de La Recova, enfrenta una condena que obliga al pago de 200 millones de pesos por el despido de un mozo ocurrido en 2020, según un fallo de la jueza laboral Lucrecia Pedrini.
La sentencia incluyó además el congelamiento de las cuentas bancarias de la firma, comprometiendo el pago de sueldos y obligaciones con proveedores.
Alberto Chinkies, propietario del restaurante, explicó que el trabajador tenía 25 años de antigüedad y que fue despedido por abandono de trabajo, luego de no presentarse durante la pandemia cuando el local retomó la actividad mediante delivery y take away.
El empleado, por su parte, sostuvo que se dio por despedido por falta de pago, en un contexto en el que, según el empresario, pudo haber habido atrasos pese al programa ATP.
El caso fue apelado y todavía debe resolverse en la Cámara Nacional de Trabajo, pero la situación expone nuevamente la tensión estructural entre el sector gastronómico, las regulaciones laborales y los costos de operación.
GARCÍA MORITÁN Y SU FRASE QUE GENERÓ POLÉMICA EN 2022
En noviembre de 2022, en una entrevista televisiva, Roberto García Moritán generó fuerte rechazo al revelar que los salarios promedio que pagaba en sus restaurantes rondaban los $70.000, cifra que representaba la mitad de la Canasta Básica Total de ese momento, calculada por INDEC en $128.214 para una familia tipo.
La controversia creció cuando, ante la consulta del panel, Moritán reconoció que parte del ingreso de sus empleados provenía de propinas pagadas en negro, lo que implicaba que el salario formal declarado era aún menor.
En ese entonces, el convenio de UTHGRA establecía sueldos básicos entre $97.000 y $130.000, montos considerablemente superiores a los informados por el legislador.
Ante esta situación, el abogado laboralista León Piasek afirmó en aquel momento que Moritán estaba “fuera de la escala salarial” y que sus empleados tenían “mucho para reclamar”.
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