Buenos Aires, 28 noviembre (NA) — La Legislatura porteña aprobó este viernes, por primera vez en la historia de la Ciudad, la creación del Servicio Penitenciario y de Reintegración Social (SPRS), un organismo que dependerá de la Jefatura de Gobierno y contará con una fuerza de seguridad especializada y conducción civil.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa, impulsada por el Gobierno porteño, obtuvo 54 votos a favor y tres en contra, tras cinco meses de deliberaciones en los que distintos bloques construyeron consensos para avanzar en un esquema propio de ejecución de la pena.
En paralelo, la Legislatura sancionó la Ley de Ejecución de la Pena con 55 votos afirmativos y tres negativos, que permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena.
“Es histórico que tengamos nuestro propio Servicio Penitenciario, un gran paso para nuestro plan integral de seguridad y un hito para la autonomía porteña”, afirmó el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien destacó el impacto de la medida en la vida de los tres millones de vecinos de la Ciudad.
CÓMO SERÁ
El flamante SPRS tendrá un director general, un subdirector, áreas de Seguridad Penitenciaria, Diagnóstico y Tratamiento, Plan de Vida y Recursos Humanos. Además, contará con agentes de Seguridad Penitenciaria, una fuerza civil armada y jerarquizada encargada de la custodia, los traslados y el uso de la fuerza.
En línea con un modelo de reintegración social, el organismo incluirá un cuerpo profesional: psicólogos, trabajadores sociales y educadores responsables del diseño y seguimiento de un “Plan de Vida” para cada condenado, con el objetivo de reducir la reincidencia mediante formación y acompañamiento.
El ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia, celebró la aprobación y la consideró “un paso muy importante en la consolidación institucional de la Ciudad”, y remarcó que la medida “refuerza el Sistema Integral de Seguridad Pública”.
Con respecto a la Ley de Ejecución de la Pena, que permitirá a la Ciudad asumir por primera vez esa competencia plena, su finalidad principal es que el condenado comprenda la gravedad de sus actos, respete la ley y logre la reintegración social.
La normativa introduce innovaciones que le reconocen a la víctima el derecho a la reparación por parte de quien haya cometido el delito.
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