Buenos Aires, 6 diciembre (NA) – El 9 de diciembre de 1985, y bajo la presidencia de Raúl Alfonsín, concluyó el juicio a las Juntas que, durante ocho meses, había logrado reunir a testigos y documentación pertinente para condenar a los responsables de la última dictadura militar en Argentina, sucedida entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. El fiscal de la causa fue Julio Strassera, quien estuvo asistido de forma constante por su adjunto Luis Moreno Ocampo.
La sentencia determinada por el tribunal compuesto por León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D´Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz fue tomada como ejemplo no sólo en nuestro país sino en el mundo, y sentó precedentes de tal magnitud como lo habían hecho, décadas antes, los Juicios de Nüremberg (noviembre de 1945 a octubre de 1946) que condenaron a los responsables del Holocausto en la Alemania nazi.
Si bien los juicios comenzaron en abril de 1985, a los cinco días de asumir Alfonsín sancionó el Decreto Nº158/83 que ordenaba juzgar a nueve militares de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla, Orlando Ramón Agosti, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Omar Graffigna, Armando Lambruschini, Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Anaya.
El comienzo del juicio se dilató, pero finalmente se concretó con el respaldo no sólo de muchas víctimas que sobrevivieron a torturas y secuestros sino de organismos como la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y diversos partidos políticos opositores que buscaban la condena de un hecho tan grave y atroz jamás visto en la historia de nuestro país.
En la sentencia se condenó a reclusión perpetua con destitución a Videla y Massera; Viola, Lambruschini y Agosti recibieron 17, 8 y 4 años y 6 meses de prisión, respectivamente. Por su parte, Galtieri, Graffigna, Lami Dozo y Anaya quedaron absueltos.
El tribunal consideró que las distintas Juntas Militares, que tomaron el poder durante ese periodo, habían planificado un “sistema represivo ilegal”, con el agravante de “un gran número de delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios”.
Asimismo, ordenaron enjuiciar a todos aquellos que tuvieron diversas responsabilidades en las acciones criminales probadas por las declaraciones que hicieron decenas de testigos.
EL RECUERDO HOY
La Agencia Noticias Argentinas tuvo la posibilidad de entrevistar a dos de los jueces que integraron el tribunal: Si bien los tres tienen su propia visión de lo acontecido, coincidieron en el “orgullo” que les provoca, aún hoy, haber sido parte de un hito no sólo en la historia latinoamericana, sino mundial.
Gil Lavedra sostuvo que fue “una tarea muy compleja y rodeada de incertidumbre” porque, si bien entendían la responsabilidad que el juicio implicaba, ni él ni ninguno de sus colegas sabía “qué podía ocurrir después”.
“No teníamos en cuenta la dimensión de lo que podía llegar a suceder en un futuro porque estábamos poniendo toda nuestra energía y empeño en poder hacer el juicio. Creo que lo más relevante es que pudo hacerse. Me parece que esa fue la verdadera proeza”, expresó.
En cuanto a lo que fue estrictamente la sentencia, Gil Lavedra entiende que “puede tener algunos puntos opinables porque siempre se pueden hacer mejor las cosas”: “En cuanto a las penas, no tiene mayor trascendencia si fueron ocho o quince años”, agregó.
“Me parece que los hechos son incontestables e innegables. Nadie niega que los sucesos ocurrieron tal cual nosotros relatamos en la sentencia. ¿Quién niega que hubo secuestros, torturas, violaciones y muertes? Sinceramente, no lo he escuchado de ninguna de las voces públicas. Los cuestionamientos son que los terroristas también hacían actos muy graves y que debieron ser juzgados igual, o que no son 30.000 desaparecidos, sino que fueron 8.900 como forma también de ‘desvencer’. Pero no hay nadie, que yo haya escuchado, que niegue que ha habido secuestros, violaciones, torturas y asesinatos”, dijo.
Y agregó que “en realidad, para cuestionar eso habría que cuestionar los casos que fueron juzgados y los secuestros y desapariciones que están en la sentencia, sucedieron. Eso es innegable”, finalizó.
MORENO OCAMPO Y ARSLANIÁN
Por otra parte, Moreno Ocampo expresó que el Juicio a las Juntas fue “la piedra fundamental de la Justicia argentina” y reafirmó que si no se hubiera llevado a cabo habría habido “venganzas de guerrilleros contra militares o contra gente de izquierda” e ,incluso, habría vuelto “la violencia política” a nuestro país e impulsado otro golpe de Estado.
“La democracia que tenemos se la debemos a esos dos años en los que Alfonsín propuso investigar el pasado, a la CONADEP, a los partidos políticos que apoyaron las investigaciones y a los jueces. Ahora, hay nuevos problemas, inclusive, riesgos de que la dictadura de Venezuela se transforme en un problema para toda América Latina y que haya una guerra o una invasión militar. Esas son cuestiones que hay que enfrentar”, señaló.
Por su parte, Arslanián coincidió con Gil Lavedra y Moreno Ocampo al asegurar que cuando asumieron “estaba todo por verse, elaborando un esquema posible de juzgamiento” sin tomar dimensión con respecto a lo que se iban a encontrar.
“En ese primer momento, lo que menos pensábamos era que después tuviese el grado de repercusión y la importancia que se le asignó y que tuvo. Luego, hubo otro momento, yo diría muy importante, cuando comenzó el juicio propiamente dicho, donde empezaron las audiencias y las declaraciones de testigos. Y ahí se corrió un velo y se mostró una realidad absolutamente descarnada con todo lo que significaba los resultados. Hubo una persecución salvaje, ilegal y violatoria de todos los derechos humanos”, recordó el ex juez.
Asimismo, señaló que en ese entonces se les planteaba, como tribunal, “una alternativa seria y cierta de una decisión final”; también declaró que a partir del momento en que se leyó la sentencia, aquel 9 de diciembre de 1985, hubo una repercusión “extraordinaria” porque no sólo se grabó, sino que fue transmitida por satélite a todo el mundo.
“La noticia corrió como reguero de pólvora por todo el planeta. A pocos minutos de eso, empecé a recibir llamados de gente conocida o amiga, de España, de Italia, de Brasil… de muchos países. Y ahí sí tomamos conciencia realmente de que estábamos frente a una situación magnánima”, subrayó.
Para ninguno de los tres resulta imprescindible una ley Antinegacionista. Según Gil Lavedra, la memoria histórica “se construye de otra manera”, no con leyes sino “con la verdad”: “Todo esto ocurrió y creo que uno de los méritos que tuvo la sentencia fue darle una sacralización a esa verdad, con los casos concretos que fueron juzgados”, agregó.
Por su parte, Moreno Ocampo sostuvo que la pluralidad de voces es lo que corresponde en una democracia y que, como en todo país con este tipo de régimen, hay ciudadanos que piden investigar algunos hechos más que otros. Asimismo, destaca la importancia de vivir en una sociedad donde los juicios existen para dirimir y encontrar la verdad.
“En una democracia hay muchas voces. Hay quienes piden investigar a más militares o a empresarios, y otros que se investiguen los crímenes de la guerrilla. Sin embargo, la idea de que no se puede matar al adversario y que se debe recurrir a la Justicia adquirió consenso en la Argentina desde el Juicio a las Juntas”, concluyó.
La opinión de Arslanián no desentonó de las dos anteriores y no sólo que no estuvo de acuerdo sino que calificó de “error garrafal” firmar una ley de esa envergadura: “Es algo que no creo que muchos se atrevan a votar”, agregó.
“Sería un intento de adulteración de la historia. Si hay algo que está extraordinariamente probado fue la existencia de los hechos y, por supuesto, todo esto del plan criminal y de las distintas responsabilidades que se fueron dividiendo entre los miembros de las juntas militares. Es imposible que haya negacionismo de esto, es imposible semejante barbaridad”, concluyó. #AgenciaNA
