Buenos Aires, 16 enero (NA) — La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) elevó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aportes técnicos y consultas para la reglamentación del nuevo régimen de Inocencia Fiscal, especialmente en lo vinculado a la modalidad simplificada para personas humanas.
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, en el documento técnico, que lleva la firma del presidente de FACPCE, José Simonella, y de la secretaria de la entidad, Patricia Sánchez Ruíz, se solicitaron precisiones sobre los siguientes aspectos de la normativa:
• Períodos fiscales a considerar: se pide aclarar qué años deben tomarse para verificar el cumplimiento de los topes.
• Valuación de bienes: se consulta qué criterios y normas se aplican para valorar el patrimonio.
• Condición de residente en el país: se solicita definir cuándo debe verificarse la residencia fiscal.
• Exclusiones de la modalidad simplificada: se requiere precisar el alcance de las exclusiones previstas por la norma.
• Rentas de fuente extranjera: se consulta qué ingresos del exterior se incluyen y cómo computar impuestos pagados fuera del país.
• Rentas presuntas: se pregunta si deben incorporarse ciertos ingresos estimados por ley para determinar el total.
• Rentas exentas o no gravadas: se pide aclarar si se incluyen en la declaración o solo las rentas gravadas.
• Vigencia de los beneficios: se solicita precisar desde qué períodos resultan aplicables los beneficios establecidos.
• Efecto liberatorio del pago: se consulta en qué casos el pago libera obligaciones, incluso con planes vigentes.
• Presunción de exactitud e incremento patrimonial no justificado: se pide definir cómo se detectarán discrepancias relevantes.
• Contribuyentes adheridos al monotributo: se solicita aclarar la situación de quienes están en monotributo y a la vez alcanzados por ganancias.
• Saldos a favor: se consulta si pueden compensarse con otros saldos impositivos disponibles.
• Patrimonio de explotaciones unipersonales: se pide precisar cómo se considera el patrimonio afectado a la actividad.
• Alcance de la “aceptación del contenido” de la declaración jurada: se solicita aclarar qué implica esa aceptación respecto de datos y ajustes.
• Información que ARCA pondrá a disposición en la DDJJ predeterminada: se propone qué datos debería incluir para brindar transparencia al contribuyente.
• Multas por infracciones formales: se sugiere un criterio proporcional y segmentado según tipo de contribuyente e incumplimiento.
• Cómputo de la prescripción: se requiere definir qué plazo aplica y desde cuándo se cuenta en cada caso.
• Principio de ley penal más benigna: se solicita aclarar si se aplicará el criterio de forma directa o mediante norma específica.
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