Buenos Aires, 6 mayo (NA) — El caso por presunta violencia de género que involucra al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, sumó en las últimas horas un nuevo capítulo judicial con una presentación clave realizada por la denunciante, Melody Jacqueline Rakauskas.
En una presentación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la mujer solicitó formalmente un cambio de patrocinio letrado, la revisión de resoluciones recientes y que la causa vuelva a su cauce procesal.
Según el escrito presentado ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (Sala III), Rakauskas designó como nuevo abogado a Ignacio Fernando Barrios, quien ratificó el recurso de casación ya concedido contra el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16, que había dispuesto su apartamiento como querellante, declarado la falta de acción y dictado el sobreseimiento del funcionario.
Uno de los puntos centrales del planteo es que ese sobreseimiento no se encuentra firme, por lo que la denunciante mantiene su legitimidad para intervenir en la causa. En ese sentido, la presentación sostiene que la decisión judicial fue “arbitraria y desproporcionada”, al interpretar como abandono del proceso una situación que, según argumentan, fue una dificultad transitoria para contar con representación legal.
Además, se remarca que la denunciante nunca desistió de la acción penal ni expresó desinterés en la causa. Por el contrario, aseguran que había solicitado plazo para designar nuevo abogado y avanzar hacia el juicio oral. El escrito también cuestiona que el tribunal no haya adoptado medidas menos gravosas antes de resolver su apartamiento.
En paralelo, Rakauskas afirmó que actualmente vive bajo monitoreo y custodia de efectivos de la Policía Federal, por temor a posibles represalias, lo que añade un contexto de alta sensibilidad al caso.
El nuevo patrocinio también solicitó que se anule la resolución recurrida, se restituya a la denunciante en su rol de querellante y se revoque el sobreseimiento de Espinoza, con el objetivo de que el expediente continúe hacia la instancia de juicio oral y público.
En su presentación, la defensa hizo especial hincapié en los derechos de las víctimas de violencia de género, señalando que el acceso a la justicia no puede verse limitado por cuestiones formales subsanables, y advirtió sobre posibles situaciones de revictimización.
Por el momento, la Cámara deberá analizar los argumentos y definir si hace lugar al recurso de casación y, en caso de que prospere el planteo, la causa podría reactivarse y avanzar nuevamente en la investigación penal.
Mientras tanto, el expediente continúa en una instancia clave, con definiciones pendientes que podrían marcar el rumbo judicial de una causa de alto impacto institucional.
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