Buenos Aires, 19 mayo (NA) — El Gobierno de Bolivia descartó el martes decretar el estado de excepción pese a la escalada de violencia registrada en La Paz y optó por reforzar el despliegue militar y policial para contener nuevas protestas, restablecer el orden público y capturar a los responsables de los disturbios.
La decisión fue asumida luego de una reunión de evaluación entre autoridades del Ejecutivo, mandos de la Policía y las Fuerzas Armadas, tras una de las jornadas más convulsas que enfrenta el país desde el inicio de las protestas contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, cuya renuncia es exigida por sectores sindicales, campesinos y grupos vinculados al exmandatario Evo Morales (2006-2019).
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró que el Ejecutivo aplicará “duras y estrictas” medidas contra quienes protagonizaron saqueos, ataques a bienes públicos y privados, agresiones a civiles y enfrentamientos con la Policía en el centro paceño, pero descartó recurrir a mecanismos extraordinarios contemplados en la Constitución Política del Estado.
“No hay posibilidad de un estado de excepción. No lo vamos a dictar”, afirmó Oviedo, quien atribuyó los hechos de violencia a grupos movilizados provenientes del Chapare en el departamento central de Cochabamba, bastión político de Morales, informó Xinhua y supo la Agencia Noticias Argentinas.
La movilización de este lunes reunió a sectores campesinos, mineros, maestros rurales, fabriles, miembros de los llamados “Ponchos rojos” y marchistas afines a Morales, que confluyeron en La Paz en medio de un clima de creciente polarización política y deterioro económico.
Las protestas derivaron en incendios de vehículos policiales, destrozos en oficinas públicas y comercios, además de agresiones a transeúntes y agentes de la policía.
Según datos oficiales, más de 100 personas fueron detenidas durante los operativos posteriores a los disturbios. La Policía informó además sobre arrestos de manifestantes que portaban elevadas sumas de dinero en efectivo, en medio de investigaciones sobre el financiamiento de las protestas.
La tensión se extiende también a la ciudad vecina de El Alto, a 10 kilómetros de la sede de Gobierno, donde persisten bloqueos de carreteras en seis de los nueve departamentos bolivianos, con epicentro en La Paz, que inician la tercera semana y que comenzaron a provocar un severo desabastecimiento de alimentos, combustibles y medicamentos.
Mientras sectores empresariales, de turismo y organizaciones cívicas de Santa Cruz (este) presionan al Ejecutivo para soportar las medidas de control e incluso exigirán aplicar el estado de excepción, el Gobierno insiste en evitar una respuesta que pueda escalar aún más el conflicto.
El presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente, Klaus Frerking, exigió la restitución inmediata del libre tránsito en las carreteras y alertó sobre graves daños al aparato productivo y exportador del país.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, justificó este martes la negativa oficial al señalar que una medida de excepción podría alimentar la narrativa de persecución impulsada por los grupos movilizados y agravar el escenario de confrontación.
“Responder a la violencia con violencia, probablemente lo que vamos a hacer es agravar el escenario”, sostuvo el portavoz en declaraciones a la Red Uno, al advertir que la suspensión temporal de algunos derechos constitucionales podría ser utilizada políticamente por los sectores opositores al Gobierno.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, calificó a los grupos movilizados como “hordas delincuenciales” y reiteró que los hechos violentos fueron organizados por dirigentes vinculados a la provincia de Chapare, en el departamento de Cochabamba (centro). Pese al endurecimiento del discurso oficial, el Gobierno aseguró que mantendrá abiertos los canales de diálogo.
Bolivia atraviesa una de las coyunturas más delicadas de los seis meses de gobierno de Paz Pereira, marcadas por protestas simultáneas, bloqueos estratégicos y un creciente pulso político entre el Ejecutivo y los sectores sociales movilizados.
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