Buenos Aires, 20 mayo (NA).– Luego de que el jueves pasado se frustrara en el recinto del Senado la aprobación del plan de pago a dos “fondos buitre” por 171 millones de dólares por modificaciones técnicas de último momento, el oficialismo volvió hoy a dictaminar el proyecto de ley que busca darle aval legal al acuerdo económico cerrado por el Gobierno nacional con los acreedores remanentes del default de la deuda de finales del 2001.
Un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Economía Nacional e Inversión recibió al Procurador del Tesoro Nacional, Sebastián Amerio, al Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía, José Ignacio García Hamilton, y al Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija.
Producto del acuerdo de conciliación entre las partes alcanzado en la Justicia norteamericana, que incluye una quita en las sumas adeudadas cercana al 30%, se definió que el Estado argentino deberá abonarle 67 millones de dólares a la firma “Bainbridge Ltd.” y 104 millones de dólares al grupo de holdouts encabezado por “Attestor Value Master Fund LP.”, lo que hace a un total de 171 millones de pesos.
Estos fondos integran el grupo de los últimos holdouts con reclamos activos que no adhirieron a los canjes de deuda que se ejecutaron tras el default (cesación de pagos) declarado a fines de 2001.
La aprobación en el Congreso nacional permitirá dejar sin efecto las medidas de ejecución de embargos que pesaban en la Justicia de Estados Unidos contra activos soberanos del país, incluyendo acciones de Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
El acuerdo de conciliación adoptó como mecanismo de pago el formato internacional de “Entrega contra Pago” (DVP), por el cual los fondos se liberarán en simultáneo con la cancelación de los bonos.
En tanto, se dejó establecido que serán los holdouts quienes afrontarán los costos legales generados por el litigio.
Además, se incluyó una cláusula de “standstill”, que le prohíbe a los acreedores iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
La Justicia norteamericana había puesto originalmente como deadline de aprobación el 30 de abril, pero el Gobierno de Javier Milei logró una prórroga hasta el 30 de junio para que se convierta en ley.
En la sesión del jueves pasado en el Senado, en la que el oficialismo consiguió la aprobación del pliego de Carlos Mahiques para que continúe al frente de la Cámara Federal de Casación Penal, estaba estipulado que se votara el plan de pago a los dos fondos buitre, pero la inclusión por parte del Gobierno de adendas técnicas al texto original, que modificó decenas de artículos, provocó quejas de la oposición y se cayó el tratamiento en el recinto, disponiéndose la vuelta a comisión.
LAS EXPOSICIONES
En su intervención, Amerio explicó que la modificación elimina algunos bonos que la sentencia consideraba prescriptos al inicio de la demanda y que ya no estaban en poder de los fondos acreedores e incorpora uno que sí está en su poder.
“Ese bono fue informado sólo unos días antes de la sesión; se entiende que se trató de un error material de la parte, por lo que se confeccionó la adenda para actualizar el listado y reflejar la tenencia real informada por los acreedores”, precisó.
Y agregó que “la eliminación de esos bonos no afecta el pago acordado ni modifica las condiciones del acuerdo vigente”.
En tanto, García Hamilton puntualizó que la adenda “reemplazó un listado de bonos por otro que enumera los títulos que sí están en manos de los fondos que integran Attestor”.
“El propio fondo informó la lista correcta poco antes de bajar al recinto, por lo que se confeccionó la presente enmienda”, aclaró el funcionario.
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