Buenos Aires, 28 mayo (NA) — El diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón presentó un proyecto para legalizar la eutanasia y la muerte voluntaria médicamente asistida, garantizando su cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas.
La iniciativa del socialista santafesino reconoce el derecho de toda persona que sufre condiciones determinadas a requerir asistencia médica para poner fin a su vida de forma digna y bajo un procedimiento regulado.
El objetivo es que las personas que sufren padecimientos extremos puedan tomar decisiones libres, informadas, con respeto a su autonomía y sin presiones externas, pero también que haya supervisión estatal estricta.
En varios países de América y de Europa, la eutanasia y la muerte asistida están legalizadas y reguladas, aunque cada caso nuevo que aparece sigue despertando polémicas a raíz de las implicancias éticas que se ponen en juego en ese tipo de decisiones.
En España, el caso más reciente que generó conmoción y repercusiones más allá de las fronteras de ese país fue el de la joven de 25 años Noelia Castillo Ramos, quien recibió la eutanasia el 26 de marzo tras una prolongada batalla judicial.
Días después, el presidente Javier Milei dio su parecer acerca del tema de la eutanasia durante una entrevista a un medio español donde señaló no estar “de acuerdo” con la muerte asistida alegando que para él “la vida es un regalo” que se debe “honrar” y que vivir cada día “es un motivo de alegría”.
El proyecto de Paulón reaviva un debate que ya tiene un recorrido y un historial de propuestas en el Congreso: en el pasado reciente han presentado iniciativas de ley los diputados nacionales Lisandro Nieri, Gabriela Estévez, Mara Brawer (MC) y Miguel Ángel Pichetto.
La propuesta del diputado santafesino abarca tanto la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra un fármaco letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, donde es el paciente quien se auto administra la sustancia prescrita.
El requisito para poder acceder a uno de estos dos procedimientos es padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que provoque un sufrimiento considerado intolerable.
A su vez, se requiere haber manifestado la voluntad expresa de morir de manera reiterada y contar con pleno consentimiento informado.
En ese sentido, el paciente debe efectuar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento.
El protocolo incluye diversas instancias de control, desde una evaluación del profesional médico a cargo del paciente, pasando por la consulta a un equipo interdisciplinario de acompañamiento para verificar si la persona tiene capacidad y está en condiciones psíquicas para tomar dicha decisión.
La tercera etapa del procedimiento es la intervención de un médico externo e independiente, y por última una comisión evaluadora que debe emitir un dictamen previo obligatorio.
En tanto, la iniciativa reconoce el derecho a dejar directivas anticipadas para solicitar la muerte asistida para el caso de pérdida de la capacidad de decidir.
Por otra parte, el proyecto habilita la objeción de conciencia individual para los profesionales médicos que se nieguen a intervenir en casos de eutanasia o muerte asistida, pero se prohíbe expresamente que instituciones médicas la invoquen para impedir el acceso al procedimiento.
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