Buenos Aires, 29 mayo (NA) — El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, aseguró desde la clandestinidad que no va a “traicionar” al pueblo y sostuvo que serán las bases quienes decidan si los sectores movilizados asistirán o no al diálogo convocado por el Gobierno para resolver los conflictos sociales.
En un video difundido el viernes, Argollo planteó como condición para sentarse a dialogar con el Ejecutivo el levantamiento de las acusaciones y medidas judiciales que pesan en su contra. La orden de aprehensión en su contra sigue vigente, confirmaron fuentes oficiales.
El fiscal general del Estado, Róger Mariaca, ratificó que la orden de aprehensión y el proceso penal contra el líder sindical “continúan abiertos”, lo que complica cualquier participación formal de Argollo en una mesa de diálogo.
“Mi persona no va a traicionar a nuestras bases y al pueblo movilizado. Cualquier convocatoria al diálogo que venga tiene que ser decidida por las bases; si manifiestan que asistamos, lo vamos a hacer, y si determinan continuar con las luchas, vamos a continuar”, afirmó el dirigente, según consignaron los diarios La Razón y El Deber y la Agencia Noticias Argentinas.
Argollo dirigió críticas directas al presidente Rodrigo Paz: acusó al mandatario de gobernar “a punta de decretazos” y de quitarle funciones al vicepresidente, además de apuntar que una parte del electorado que lo votó “se siente traicionada” por el incumplimiento de promesas de campaña.
El video fue grabado desde la clandestinidad debido a la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público. Argollo y dirigentes de la organización Túpac Katari fueron convocados en varias ocasiones por el presidente Paz y por representantes de la Iglesia Católica para intentar un diálogo destinado a poner fin a la crisis.
Sin embargo, organizaciones sociales reclamaron previamente que se deje sin efecto la orden de aprehensión para que el líder de la COB pueda participar presencialmente del diálogo. Esa demanda chocó con la postura del Fiscal General de Estado, que mantuvo la vigencia del proceso penal.
La ratificación de la medida judicial se produce en un contexto de creciente tensión: las protestas llevan ya 29 días e incluyen bloqueos de carreteras, movilizaciones y cercos a las ciudades de La Paz y El Alto, afectando la normalidad y la circulación de bienes y servicios.
En paralelo, desde Santa Cruz, Stello Cochamanidis, presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, reclamó al Gobierno soluciones inmediatas para levantar los bloqueos y exigió consecuencias penales para los responsables. “La ley se debe cumplir y ejecutar. Quienes son los causantes de este problema tienen que ir presos”, sostuvo Cochamanidis, y agregó que las fuerzas de seguridad ya deberían tener identificados a los responsables.
El escenario sigue abierto: mientras el Ejecutivo insiste en una convocatoria al diálogo, las condiciones planteadas por los movilizados y la existencia de procesos judiciales sobre dirigentes claves dificultan la concreción de una mesa de negociación que permita desactivar las protestas.
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