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Condenan a Eduardo Bolsonaro a 4 años de prisión por presionar a EE.UU.

Buenos Aires, 16 junio (NA) — El exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, fue condenado el martes a cuatro años y dos meses de prisión por el Supremo Tribunal Federal por coacciones a la Justicia, en relación con sus gestiones ante el Gobierno de Estados Unidos para que impusiera sanciones a varios magistrados encargados de juzgar a su padre por una trama golpista.

El expresidente, líder de la extrema derecha brasileña, fue finalmente condenado el pasado septiembre a 27 años de prisión por tramar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 ante su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

Los cuatro jueces de la Primera Sala del Tribunal Supremo votaron este martes de forma unánime por la condena de Eduardo Bolsonaro, reportaron France, la red Globo y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El Tribunal Supremo Federal (TSF) condenó a Eduardo Bolsonaro a cuatro años y dos meses de prisión, bajo régimen semiabierto, así como a una multa de 100 salarios mínimos.

El tribunal también determinó la inhabilitación inmediata del exdiputado por ocho años, a partir de la fecha de la condena, y declaró la pérdida de su cargo público como empleado de la Policía Federal.

Eduardo Bolsonaro, de 41 años y tercer hijo del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, se mudó a Washington a fines de febrero de 2025 con el argumento de que la Justicia brasileña intentaría prohibirle la salida del país de forma inminente.

Estando ya en EE.UU., se acercó al Gobierno del presidente Donald Trump. Poco después, Estados Unidos anunció sanciones contra los magistrados que juzgaban a su padre.

El Gobierno estadounidense también justificó la imposición de aranceles a Brasil con base en el juicio contra Bolsonaro, que fue tildado por Trump como una “caza de brujas”.

Eduardo Bolsonaro es también hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, quien no estuvo presente en el juicio y fue representado por un abogado de oficio, de la Defensoría Pública.

AgenciaNA