Buenos Aires, 16 junio (NA) — En una carta abierta dirigida a los legisladores nacionales, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Caritas y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) expresó su profunda preocupación por el proyecto de ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional, y reclamaron el rechazo del Congreso a la iniciativa.
Los representantes de la Iglesia advierten que esta normativa podría atentar gravemente contra la soberanía de los recursos naturales y el derecho de los pueblos a la autodeterminación.
“Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”, indicaron.
Citando al Papa León XIV, enfatizaron que los bienes de la tierra deben estar al servicio de toda la humanidad, y no favorecer solo a unos pocos.
Entre las principales preocupaciones se encuentra la eliminación de limitaciones para la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que podría dar acceso ilimitado a tierras asociadas a reservas de agua y otros recursos naturales.
Además, alertaron sobre la derogación de las restricciones ambientales que impedían el uso inmediato de tierras arrasadas por incendios forestales, lo que consideran un incentivo a la especulación inmobiliaria.
La Pastoral Social, Caritas y Endepa argumentan que “este proyecto debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.
“Cuidar la tierra es cuidar la vida”, remarcó el comunicado, haciendo énfasis en que “para las comunidades rurales, campesinas e indígenas, la tierra es identidad, cultura, memoria y futuro”, por lo que no puede ser tratada como una “simple mercancía” o “recurso financiero”.
Además, resaltaron la urgente necesidad de abordar la crisis habitacional en Argentina, planteando que la ley debe facilitar el acceso a una vivienda digna para todas las familias, promoviendo un marco legal justo para inquilinos y propietarios.
En ese sentido, exigieron que la política garantice un marco jurídico razonable y justo para los alquileres que equilibre las necesidades de propietarios e inquilinos, en lugar de priorizar únicamente la acumulación económica de intereses particulares.
Finalmente, instaron a los legisladores a anteponer el bien común y las generaciones venideras a intereses particulares, poniendo la política al servicio de la caridad y rechazando el modelo de desarrollo que excluye a la mayoría.
“Pedimos a quienes intervengan en el debate de este proyecto, guíen sus opciones por el bien común y el futuro de las generaciones venideras, más que por intereses particulares, poniendo en práctica la nobleza de la política como máxima expresión de la caridad”, finalizaron.
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