Buenos Aires, 17 junio (NA) – La Auditoría General de la Nación (AGN), organismo de control que asiste técnicamente al Congreso, advirtió sobre deficiencias en los mecanismos de fiscalización del mantenimiento y las prácticas operativas del Tren San Martín y cuestionó la eficacia de las herramientas regulatorias utilizadas para corregir irregularidades detectadas en materia de seguridad ferroviaria.
Las observaciones surgen de una auditoría realizada sobre la gestión del Ministerio de Economía, la Secretaría de Transporte, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), focalizada en la Línea San Martín durante el período comprendido entre enero de 2023 y diciembre de 2024, según el informe oficial al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
Entre sus hallazgos, la AGN concluyó que, más allá de las tareas desarrolladas por la CNRT para detectar incumplimientos, las medidas ejecutadas para su reversión durante el período auditado tuvieron una efectividad limitada.
El informe reconstruyó el funcionamiento del sistema sancionatorio vigente hasta 2023 y destacó que las observaciones formuladas por el organismo regulador no lograban generar cambios efectivos en la conducta de los operadores ferroviarios estatales.
Según surge de la auditoría, la propia CNRT había advertido que el régimen de control constituía “un monótono y constante proceso administrativo que culmina en ‘Llamados de atención’ semestrales por cada especialidad y por cada Línea ferroviaria”, medidas que en la práctica “no permiten la configuración de datos objetivos concretos en los que puedan sustentarse políticas públicas, ni decisiones regulatorias válidas”.
El organismo regulador también sostuvo que el procedimiento representaba “un dispendio administrativo”, ya que involucraba a distintas áreas para cumplir obligaciones normativas que “no culminan en una modificación de conducta de los operadores ferroviarios”.
En uno de los pasajes más críticos citados por la AGN, la CNRT concluyó que el sistema impulsado por la Resolución 2210/15 “no resultaría eficaz para la fiscalización y control de cuestiones referidas al mantenimiento, seguridad y accidentes del sistema ferroviario nacional”, dado que de su aplicación “no se verifica un aporte sustancial que contribuya a mejorar el control llevado a cabo por esta Comisión Nacional de Regulación del Transporte”.
La auditoría reveló además que el cambio normativo introducido en 2023 dejó sin efecto expedientes sancionatorios acumulados durante varios años. De acuerdo con la información relevada, en la Línea San Martín quedaron archivados 43 expedientes vinculados con sanciones impuestas por la CNRT entre 2017 y 2022 que habían sido recurridas por la operadora ferroviaria estatal.
La AGN señaló que el régimen sancionatorio fue reemplazado por un esquema de “coordinación y verificación” denominado Control Evaluativo Integral, que eliminó las sanciones previamente dictadas y pasó a centrarse en mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.
Sin embargo, el organismo observó que la nueva normativa tampoco establece consecuencias concretas cuando las anomalías detectadas durante las inspecciones no son corregidas. Según el informe, el régimen vigente se limita a indicar que “se promoverán las medidas que se consideren necesarias para lograr la regularización de las mismas o las medidas de mitigación que correspondan”.
La auditoría agrega que la CNRT reconoció expresamente que no posee facultades para interrumpir servicios ferroviarios por problemas vinculados con falta de inversión, mantenimiento diferido, obsolescencia tecnológica o situaciones de emergencia.
La AGN también puso de relieve las limitaciones del actual esquema de control ferroviario al citar una respuesta oficial de la CNRT, que sostuvo que ni siquiera antecedentes críticos como la Tragedia de Once derivaron en la interrupción de los servicios. Según el organismo, “no se interrumpieron los servicios tras el accidente ocurrido en la estación Once el 22 de febrero de 2012, ni durante la intervención de la empresa Trenes de Buenos Aires (TBA), ni en el proceso de rescisión del contrato y la posterior transferencia de la operación a otros concesionarios privados, ni tampoco al momento de la incorporación de dichos servicios a la empresa estatal SOFSE”.
Las observaciones cobran especial relevancia en un sistema ferroviario marcado por la Tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, que dejó 51 muertos y más de 700 heridos y derivó en una profunda revisión de los mecanismos de control, mantenimiento y seguridad de los servicios ferroviarios metropolitanos.
La auditoría se desarrolló además en un contexto de Emergencia Pública Ferroviaria declarada por el Gobierno nacional en junio de 2024, medida que reconoció la necesidad de revisar integralmente las condiciones de mantenimiento, seguridad e infraestructura del sistema ferroviario.
En ese contexto, la AGN concluyó que persisten debilidades regulatorias e institucionales que limitan la capacidad del Estado para asegurar que las observaciones formuladas por los organismos de control se traduzcan efectivamente en mejoras concretas sobre la operación ferroviaria. La auditoría también advirtió que las herramientas disponibles para corregir irregularidades continúan siendo insuficientes para garantizar cambios efectivos en la conducta de los operadores y fortalecer la seguridad del servicio ferroviario.
Agencia NA
