Buenos Aires, 1 julio (NA) – El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, quedó en el centro de una polémica vecinal y política por un proyecto inmobiliario previsto sobre la barranca de Martínez, en la zona de General Alvear y Solís, donde vecinos colocaron pasacalles contra la obra y cuestionaron el modelo urbano que impulsa la gestión municipal.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el conflicto escaló cuando el reclamo pasó de las presentaciones administrativas a la calle, con carteles dirigidos al jefe comunal y una campaña vecinal que rechaza la construcción de edificios en un sector considerado sensible por su valor ambiental, paisajístico e histórico.
El proyecto mencionado por los vecinos contempla un desarrollo multifamiliar en la barranca de Martínez. Según publicaciones locales, la iniciativa podría incluir alrededor de 40 viviendas, mientras que otras presentaciones vecinales mencionan un emprendimiento de 30 departamentos y 103 cocheras, lo que encendió alertas por el impacto sobre la circulación, el arbolado, el escurrimiento y la fisonomía barrial.
La gestión de Lanús defendió el procedimiento y sostuvo que el expediente debe atravesar una Evaluación de Impacto Ambiental, con instancias de análisis técnico y posibilidad de presentar observaciones. Sin embargo, los vecinos cuestionan que el avance se produzca poco después de la modificación del Código de Ordenamiento Urbano, aprobada en mayo, y advierten que la nueva normativa habilita una presión inmobiliaria mayor sobre zonas residenciales.
El caso también ingresó en el terreno político. Sectores opositores pidieron una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante y acusaron al oficialismo local de aplicar una “doble vara” frente a los reclamos ambientales: por un lado, la administración se presenta como defensora del espacio público y la sustentabilidad; por el otro, permite que avance un expediente inmobiliario resistido por vecinos de la barranca.
La controversia golpea directamente a Lanús porque el municipio no aparece como un actor lateral, sino como la autoridad que debe evaluar el impacto, controlar el procedimiento, habilitar o rechazar el proyecto y definir si el desarrollo se ajusta al perfil urbano de Martínez. El reclamo vecinal apunta, justamente, a que el gobierno local frene el avance antes de que el expediente llegue a una instancia irreversible.
El debate quedó abierto con el plazo de observaciones administrativas en curso y con la presión de vecinos y concejales para que el Ejecutivo municipal explique el alcance real del proyecto, las condiciones ambientales exigidas y el impacto que tendría sobre la barranca.
Agencia NA
