Buenos Aires, 17 julio (NA) – El intendente de Morón, Lucas Ghi, volvió a quedar bajo presión por la seguridad en el distrito luego de que un operativo policial en Haedo terminara con el secuestro de un arsenal de armas de fuego, unas 800 municiones y el desmantelamiento de un taller clandestino de recarga casera.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre la calle Presidente Perón al 1400, donde fue detenido un hombre de 65 años que quedó imputado por amenazas, resistencia a la autoridad, tenencia y portación ilegal de armas, además de acopio y fabricación clandestina de municiones.
El caso golpea de lleno a la gestión local porque no se trató de un arma aislada ni de un episodio menor. En la vivienda se secuestraron pistolas, escopetas, carabinas, pólvora, vainas, plomos, herramientas específicas, una prensa, una máquina de tornería, una lupa y una balanza digital. Es decir, un esquema armado para sostener una actividad clandestina dentro de una zona urbana del municipio.
La investigación se inició después de un hecho ocurrido el 9 de julio, cuando el acusado habría amenazado a otra persona efectuando disparos intimidatorios. Esa secuencia deja una pregunta política directa para Ghi: cómo pudo funcionar un punto de acopio y recarga de municiones en Haedo sin que antes aparecieran alertas municipales, vecinales o de prevención territorial.
El municipio podrá sostener que la causa quedó en manos de la Justicia y de fuerzas policiales, pero la responsabilidad política no desaparece. Morón debe explicar qué controles existen sobre viviendas señaladas por denuncias, cómo se articula el monitoreo municipal con la Policía bonaerense y qué mecanismos de alerta funcionan cuando un vecino dispara en una discusión.
El hallazgo también golpea a un distrito que ya venía atravesado por conflictos de seguridad y escándalos institucionales. Un arsenal en una casa no es solo un dato policial: es la prueba de que hay zonas donde el Estado llega cuando la amenaza ya escaló.
Ghi deberá mostrar si Morón tiene capacidad para detectar riesgos antes de que terminen en allanamientos federales. Porque cuando una vivienda acumula armas, municiones y maquinaria para recargar balas, el problema deja de ser privado y se convierte en una señal de descontrol urbano.
La causa seguirá su camino judicial, pero el costo político ya quedó instalado. En Haedo, el municipio volvió a enterarse tarde de lo que estaba pasando detrás de una puerta.
Agencia NA
