Buenos Aires, 31 julio (NA) – Una fuerte polémica política y judicial sacude a la provincia de Tierra del Fuego y salpica a la Cámara de Diputados de la Nación. El legislador nacional Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto de resolución para crear una Subcomisión Especial Investigadora en la Cámara baja, orientada a esclarecer una serie de denuncias por presuntas irregularidades en la auditoría, control y facturación de prestaciones médicas financiadas por el PAMI en la provincia austral.
La iniciativa, registrada bajo el expediente Nº 3463-D-2026, cuenta con el acompañamiento de más de una docena de legisladores opositoras y apunta de lleno a la gestión local del organismo, conducida por Alberto Belmar, tío del diputado nacional libertario Santiago Pauli.
LA SOMBRA DEL NEPOTISMO Y PRESTACIONES BAJO LA LUPA
El caso cobró dimensión mediática y política a raíz de sucesivas denuncias que señalan una crisis prestacional sistemática iniciada a comienzos de 2025. Según la información expuesta por los denunciantes:
* Sombra nepotista: Cuestionan la designación de Belmar al frente del PAMI en la provincia, atribuida a la influencia política de su sobrino, el diputado oficialista Santiago Pauli. Belmar, de 60 años, es referente evangélico en la zona y carecía de antecedentes vinculados a la administración de la salud pública. En 2020 vendía pizzas caseras por redes sociales.
* Facturación irregular: Las actuaciones administrativas solicitan auditar la trazabilidad de prestaciones médicas cobradas al organismo que no se habrían realizado de manera efectiva.
* Derivación judicial: La situación derivó en la renuncia del médico prestador Dr. Camacho en la ciudad de Río Grande, quien formalizó una presentación ante la Justicia Federal tras advertir las anomalías en el circuito de atención.
“EL SILENCIO NO ES UNA OPCIÓN”
Al fundamentar la iniciativa, Araujo sostuvo que el Congreso tiene la obligación constitucional de intervenir cuando la administración de fondos públicos destinados a la salud de sectores vulnerables se encuentra bajo sospecha.
“Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación de actuar. Si el Gobierno exige un esfuerzo extraordinario a la sociedad, ese mismo rigor debe aplicarse al control de los recursos de nuestros jubilados. Frente a hechos de esta gravedad, el silencio no es una opción”, remarcó el diputado fueguino.
De aprobarse la conformación de la subcomisión, el cuerpo parlamentario quedará facultado para solicitar expedientes técnicos, requerir auditorías contables e invitar a declarar a funcionarios, exfuncionarios y auditores del organismo con el fin de determinar las responsabilidades administrativas y operativas del caso.
Agencia NA
