Buenos Aires, 31 julio (NA) – El gobierno de Andrés Watson abrió dieciséis licitaciones por un presupuesto oficial conjunto de $14.885.564.232 para prestar el Servicio Alimentario Escolar de Florencio Varela durante seis meses y bajo una emergencia alimentaria y social declarada por el propio Municipio.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los llamados fueron publicados entre el 30 y el 31 de julio en el Boletín Oficial bonaerense y dividen el distrito en dieciséis zonas con presupuestos que van desde $115,8 millones hasta $2.246 millones.
Se trata de las licitaciones públicas 17 a 32 de 2026. Todas prevén la ejecución del servicio entre septiembre de este año y febrero de 2027 y citan el decreto municipal 306/2026, mediante el cual se declaró la emergencia en materia alimentaria y social.
La suma de los presupuestos oficiales de las dieciséis zonas alcanza exactamente $14.885.564.232. La división territorial puede responder a razones operativas y no demuestra por sí misma un fraccionamiento irregular de la contratación.
Los avisos, sin embargo, no permiten conocer en una sola consulta cuántas raciones serán provistas, cuál será el costo unitario por alumno, qué menú nutricional deberá cumplir cada adjudicatario ni qué mecanismo comparará precios entre zonas.
La responsabilidad recae directamente sobre Watson porque en febrero decidió que el Ejecutivo municipal asumiera el control del SAE y del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria, hasta entonces coordinados por el Consejo Escolar.
El intendente justificó el traspaso en la necesidad de lograr compras más ágiles, intensificar inspecciones, supervisar proveedores y asegurar la trazabilidad de los alimentos desde la adquisición hasta el consumo.
La actual licitación será la primera prueba de escala para esas promesas. Un esquema de casi $15.000 millones necesita información consolidada que permita verificar no sólo quién gana cada zona, sino cuánto cuesta alimentar a cada estudiante y qué diferencias existen entre ofertas equivalentes.
El antecedente institucional obliga a extremar controles. En 2025 se difundió una denuncia penal originada en la Escuela 501 que sostenía que se habrían facturado alimentos para 320 alumnos cuando asistían alrededor de 100.
El caso involucraba al sistema administrado por el Consejo Escolar antes del traspaso dispuesto por Watson. La denuncia y el allanamiento informados no prueban que haya existido fraude ni trasladan automáticamente responsabilidad a la actual estructura municipal.
Sí muestran por qué el control de asistencia, remitos, raciones entregadas y facturas no puede quedar en manos exclusivas de los proveedores o de cada establecimiento sin una auditoría central accesible.
La emergencia tampoco elimina la obligación de competir ni habilita a reducir la publicidad. Por el contrario, la urgencia alimentaria vuelve más sensible cada demora, sobreprecio, faltante o incumplimiento de calidad.
Watson deberá publicar los pliegos completos en un formato descargable, el padrón de escuelas y beneficiarios por zona, las cantidades previstas, los precios por ración y las actas de apertura y evaluación.
Después de las adjudicaciones, también deberá identificar a los proveedores, sus antecedentes, eventuales vínculos entre empresas, sanciones previas y resultados de los controles bromatológicos y nutricionales.
Las licitaciones todavía no fueron adjudicadas y no existe base para afirmar que sus fondos fueron desviados. La próxima instancia decisiva será la apertura y comparación de ofertas: allí podrá comprobarse si la municipalización del SAE produjo la eficiencia y trazabilidad que Watson prometió.
Agencia NA
