Buenos Aires, 4 agosto (NA) — En un giro determinante dentro de la causa que investiga la contaminación de fentanilo medicinal que dejó más de 120 muertos y al menos 50 pacientes con secuelas graves, la Justicia federal llevó a cabo este martes un operativo de allanamiento en la sede del Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones.
Pero en el Gobierno aclararon que hubo “requerimiento de información” y no fue un allanamiento.
El procedimiento fue dispuesto por el juez federal Ernesto Kreplak. Según confirmaron fuentes cercanas a la causa, los efectivos comisionados por el magistrado se presentaron en la cartera sanitaria con el fin de secuestrar documentación crucial sobre los registros de ingresos y actuaciones administrativas, además de secuestrar dispositivos electrónicos y celulares pertenecientes a altos funcionarios.
En paralelo con las medidas desplegadas en la sede ministerial, la investigación dio un paso decisivo al concretar las detenciones de Nélida Agustina Bisio, ex titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), y de Gabriela Mantecón Fumado, ex directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Ambas ex funcionarias quedaron en la mira de la Justicia por su posible responsabilidad penal y connivencia al no haber ejercido, presuntamente, los controles regulares sobre el circuito de producción e inspección previa.
Desde la oposición, que incluso armó una Comisión Investigadora parlamentaria sobre el producto adulterado que funcionó en 2025, se habían reiterado las críticas dirigidas al virtual vaciamiento y falta de monitoreo efectivo de los organismos reguladores. Producto de estas fallas que terminaron facilitando que el lote letal fuera distribuido en centros de salud de distintas provincias sin las debidas salvaguardas.
La causa tuvo su origen en 2024, cuando la detección de un lote de fentanilo de uso médico adulterado con bacterias multirresistentes encendió las alarmas en los sistemas de salud tras registrarse las primeras muertes y complicaciones graves en pacientes bajo sedación.
La otra pata central de la pesquisa judicial apunta de manera directa al empresario Ariel García Furfaro, actualmente procesado como responsable del entramado societario detrás de HLB Pharma Group, Laboratorios Ramallo y la Droguería Al Farma, firmas fabricantes y distribuidoras de las ampollas contaminadas.
García Furfaro es un empresario cuyo origen público se remonta a una verdulería familiar y que, en un vertiginoso ascenso comercial al calor de contactos con el poder político de turno, logró consolidar un poderoso conglomerado de laboratorios dentro de la industria farmacéutica nacional.
Con el secreto de sumario rigiendo sobre parte de las actuaciones, el juzgado de Kreplak busca determinar la reconstrucción total de las responsabilidades tanto empresarias como estatales en la que ya se considera la mayor tragedia sanitaria vinculada a medicamentos adulterados de los últimos años.
En Casa Rosada recalcaron que existió “un requerimiento de información por parte del juez” y en ese marco la cartera que lidera Mario Lugones “brindó toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al Ministerio, como lo hizo desde el inicio de la investigación”.
En el oficialismo, además, señalaron que acompañan y respetan el trabajo del magistrado y acompañan a los familiares de los fallecidos. “Hasta este momento, el Ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no vamos a hacer especulaciones”, expresaron en Balcarce 50 sobre lo sucedido.
Agencia NA
