Buenos Aires, 4 agosto (NA) – El gobierno de Osvaldo Jaldo perdió este lunes al interventor del ente encargado de controlar la electricidad y el agua de Tucumán, luego de una guerra interna que incluyó acusaciones de posibles delitos contra la administración pública, hostigamiento y desvío de poder entre las dos máximas autoridades del organismo.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, José Ricardo Ascárate presentó su renuncia al Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos Provinciales de Tucumán (ERSEPT) y será reemplazado por Eduardo “Lalo” Cobos, según confirmaron medios provinciales tras la comunicación del propio gobernador.
La salida no fue una rotación administrativa ordinaria. Ocurrió después de que la subinterventora administrativa financiera, Ingrid Lausberg, intimara a Ascárate a dejar de impartir órdenes que prescindieran de su firma y calificara una actuación del entonces interventor como una posible “incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública”.
El enfrentamiento quedó documentado en el expediente 4217/390-L-2026, iniciado el 22 de julio. El detonante fue la Nota 159/2026, mediante la cual la intervención había pedido a Recursos Humanos un informe, con un plazo de 24 horas, sobre la situación de revista de trece agentes del ente.
Lausberg sostuvo que el trámite avanzó por fuera de las competencias exclusivas que le asignó el decreto de necesidad y urgencia provincial 2/3 (MEyP), luego ratificado por la Ley 9.982. También dejó reservada la posibilidad de enviar las actuaciones al Poder Ejecutivo, a la Fiscalía de Estado y a la Justicia Penal.
Ascárate rechazó formalmente la intimación al día siguiente. Defendió que los decretos 3/1 y 4/1 de 2024 y la Ley 8.479 le otorgaban las facultades del antiguo directorio del ERSEPT, negó que el pedido de información constituyera un ilícito y exigió que la nota fuera respondida.
Las imputaciones de Lausberg son planteos administrativos internos y no equivalen a una denuncia penal presentada, una imputación fiscal ni una condena. Tampoco se difundió una resolución que determine que Ascárate cometió usurpación de funciones, abuso de autoridad o cualquier otro delito.
La cautela judicial no reduce el daño institucional. El organismo que debe fiscalizar las facturas, la calidad y la accesibilidad de dos servicios esenciales quedó atrapado durante días en una disputa de competencias, con sus autoridades responsabilizándose mutuamente por el desorden administrativo.
El conflicto también alcanzó a los trabajadores. La asociación sindical del ERSEPT denunció atropellos, hostigamiento, presunta discriminación en adicionales, contratos sin renovar y demoras en el pago del beneficio por fallecimiento a la familia de un empleado. El sector llegó a realizar un paro y declaró el estado de alerta y movilización.
Jaldo había creado apenas tres meses antes el cargo ocupado por Lausberg. La Legislatura oficialista ratificó la nueva estructura pese a los cuestionamientos opositores sobre la superposición de atribuciones. La convivencia que el Ejecutivo diseñó terminó con la renuncia del titular del ente.
Lausberg intentó bajar la tensión el 30 de julio al afirmar que no existían diferencias personales y que buscaba fortalecer la transparencia y la unidad de acción. Cuatro días después, Ascárate dejó el cargo, confirmando que la fractura excedía una diferencia de estilo.
El reemplazo por Cobos permite cubrir la vacante, pero no resuelve las actuaciones abiertas ni explica por qué el gobernador sostuvo una conducción con competencias que sus propios integrantes interpretaban de manera incompatible. El Ejecutivo deberá definir por escrito quién controla los recursos humanos, los expedientes y el patrimonio del ente.
La próxima prueba será la continuidad del expediente 4217/390-L-2026. Su archivo sin fundamentos, su remisión a los organismos de control o una resolución administrativa permitirán determinar si las acusaciones fueron parte de una pelea por poder o si revelaron irregularidades que la salida de Ascárate no puede clausurar.
Agencia NA
