Buenos Aires, 28 agosto (NA) – La Justicia bonaerense archivó la denuncia por presunta comercialización de estupefacientes contra el concejal oficialista Javier Tarragona al considerar que la acusación carecía de elementos probatorios mínimos para avanzar con una investigación penal.
La resolución fue dictada este viernes por una fiscalía del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, que dispuso el archivo de las actuaciones en los términos del artículo 268 del Código Procesal Penal bonaerense, según la documentación a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas.
El expediente se había iniciado a partir de una presentación del secretario de Seguridad, Justicia y Política Criminal, Nicolás Rappazzo, quien expuso el testimonio de un vecino cuya identidad se mantuvo reservada.
Según esa denuncia, Tarragona supuestamente estaría vinculado a una “cocina” de cocaína y a una presunta estructura dedicada a la comercialización de drogas.
Sin embargo, la Fiscalía señaló que al ratificarse la presentación no se incorporaron elementos adicionales que permitieran precisar las circunstancias denunciadas.
Entre otros puntos, la acusación no establecía cuándo habrían ocurrido los presuntos delitos, dónde estaría ubicada la supuesta instalación destinada a producir drogas ni identificaba a otras personas que integrarían la organización investigada.
En ese marco, el fiscal cuestionó la posibilidad de impulsar medidas de investigación sin una hipótesis suficientemente determinada.
“Promover la instrucción sobre una base de actos de investigación a resultancia se traduce en la búsqueda de algo que se desconoce, a lo que pueda posiblemente aparecer”, sostuvo la resolución.
La Fiscalía consideró que avanzar de esa manera implicaría realizar medidas exploratorias sin elementos objetivos previos y describió la pesquisa basada únicamente en sospechas no corroboradas como una “caza de brujas”.
Tras conocer la denuncia, Tarragona se presentó espontáneamente ante la Justicia junto con su abogado y entregó su teléfono celular, la tarjeta SIM y el código PIN, con el objetivo de poner sus comunicaciones a disposición de los investigadores.
Además, se solicitaron informes a la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y a la Fiscalía General departamental. Según la resolución, esas consultas no arrojaron antecedentes penales ni investigaciones previas contra el concejal relacionadas con narcotráfico o comercialización de estupefacientes.
El pronunciamiento también hizo hincapié en la difusión pública que tuvo la denuncia prácticamente en simultáneo con su presentación judicial.
El fiscal advirtió que la “inmediata repercusión mediática y estado público” podía resultar contraproducente para una eventual investigación vinculada con narcotráfico, por la necesidad de preservar el sigilo en las primeras medidas.
Finalmente, ante la falta de elementos suficientes para impulsar la acción penal, la Fiscalía dispuso el archivo de las actuaciones contra Tarragona.
La decisión no impide que el expediente pueda reabrirse si posteriormente aparecen elementos probatorios nuevos y relevantes que justifiquen retomar la investigación.
Agencia NA
