Buenos Aires, 28 agosto (NA) – El Sindicato de Docentes de Catamarca (SIDCA) formalizó el 26 de agosto su pedido para constituirse como querellante en la causa que investiga presuntas irregularidades en títulos del IES “Clara J. Armstrong” y reclamó extender la auditoría a los 17 institutos superiores de la provincia.
La presentación profundiza el costo político para el gobierno de Raúl Jalil, cuyo Ministerio de Educación reconoció 35 documentos con inconsistencias y debió intervenir la conducción del establecimiento.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el escrito fue patrocinado por el abogado Fernando Santillán Bustos e invocó los artículos 5, 85, 91 y concordantes del Código Procesal Penal provincial.
El gremio pidió acceso y copia digital de las actuaciones, además de medidas sobre las juntas de clasificación para determinar si los títulos bajo sospecha incidieron en puntajes, grillas y órdenes de mérito utilizados para cubrir cargos docentes.
La presentación recibida consta de una foja útil, 46 fojas selladas y documentación adicional vinculada con el poder para representar al sindicato. SIDCA solicitó que su intervención comprenda la denuncia original, sus ampliaciones y a las personas que eventualmente sean sindicadas o imputadas durante la investigación. La Justicia todavía debe resolver si admite al gremio como querellante, por lo que el pedido no equivale a una decisión judicial sobre el fondo.
El sindicato afirmó que la denuncia alcanza a 39 personas y reclamó revisar todos los institutos de educación superior para evitar que un problema sistémico quede limitado a una sola sede.
Esas cifras y la hipótesis de una estructura organizada pertenecen a la posición gremial y no constituyen una conclusión judicial. La pretensión de auditar los 17 IES tampoco significa que se hayan detectado irregularidades en todos ellos.
La respuesta oficial comenzó antes de esta presentación. El Ministerio de Educación y Trabajo informó el 11 de agosto que había identificado 35 títulos con inconsistencias, correspondientes a carreras de formación docente y a los ciclos 2024 y 2025.
Entre las anomalías preliminares mencionó documentos presuntamente apócrifos, registros duplicados y discordancias en libros de exámenes. La cartera había realizado una denuncia penal inicial el 24 de abril y luego la amplió con nueva documentación.
La ministra Verónica Soria designó, además, un equipo normalizador en el IES Clara J. Armstrong para reorganizar su conducción y preservar documentación mientras avanzan una investigación administrativa y la causa penal. La funcionaria sostuvo que el equipo legal puso la información a disposición de la Justicia.
Esas medidas deben ser consignadas porque no existe evidencia de que Jalil o Soria hayan encubierto los hallazgos; el cuestionamiento político se concentra en cómo pudieron emitirse o registrarse documentos inconsistentes dentro de un sistema supervisado por la Provincia.
El posible impacto excede a quienes portaron los títulos. Si alguno fue utilizado para sumar puntaje o mejorar una posición en un orden de mérito, docentes con antecedentes válidos podrían haber quedado relegados. Precisamente por eso, SIDCA pidió reconstruir la incidencia concreta en las Juntas de Clasificación.
Hasta que se complete esa revisión, no puede afirmarse que todos los documentos cuestionados hayan generado nombramientos ni que las 39 personas mencionadas hayan cometido delitos.
La causa quedó así con tres planos abiertos: la investigación penal, la normalización administrativa del instituto y el reclamo sindical para revisar el sistema completo.
Agencia NA
