Buenos Aires, 2 Septiembre (NA) — El Senado respaldó en comisión los convenios firmados entre Nación y provincias para transferencia las competencias penales de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.
Los convenios que tuvieron dictamen favorable se discutieron en un plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, presididas por los libertarios Gonzalo Guzmán Coraita y Agustín Monteverde.
Si estos acuerdos son aprobados en el Congreso y la Legislatura, el fuero penal local comenzará a instruir en causas sobre delitos por demás sensibles, como aquéllos que atentan contra la integridad sexual, calumnias e injurias y los cometidos por menores entre 14 y los 18 años, salvo los federales.
Los convenios firmados el 3 de julio pasado por los ministros de Justicia de la Nación y Ciudad, Juan Bautista Mahiques y Gabino Tapia establece la transferencia progresiva de una serie de competencias penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la CABA; en una clara señal del oficialismo al jefe de Gobierno de la ciudad, Jorge Macri
El traspaso de las competencias de la Nación a la Ciudad fueron respaldos por la Libertad Avanza, la UCR, PRO, Provincias Unidas, y bloques provinciales, mientras que el peronismo se opone a estas propuestas, en sintonía con el rechazo de los gremios y la Asociación de Magistrados.
DEBATE
Al abrir el debate, el libertario Gonzalo Guzmán Coraita destacó la importancia de los acuerdos en el marco del proceso de transferencia de competencias y sostuvo que “significa la cuarta etapa de un proceso de transición para hacer realidad el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y sus facultades de legislación y jurisdiccionales”.
El jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Rivas, señaló que “la Ciudad cuenta con disponibilidad y capacidad para hacerse cargo de estas nuevas competencias”
Aseguró que “la metodología de estos acuerdos es la que establece nuestro ordenamiento jurídico y también la que, exitosamente, se aplicó en casos anteriores”.
El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Javier Buján, señaló que “es muy importante que el Congreso, cuanto antes y en vistas a que el 5 de setiembre se pondrá en vigencia el nuevo régimen penal juvenil, apruebe el convenio de transferencia de nuevas competencias penales”
“La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires puede demostrar un sistema acusatorio que funciona y que bajó el tiempo de resolución de los casos a tres, cinco y seis meses. No solo estamos en condiciones de asumir nuevas competencias penales, estamos en mejores condiciones de asumirlas”, agregó.
En cambio, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Ricardo Pinto, cuestionó el traspaso de la Justicia Nacional de Menores a CABA por la “incertidumbre e inestabilidad” que genera para jueces, funcionarios y empleados, al no definir sus funciones y competencias y disponer el cierre de los juzgados.
Advirtió que quitarles la competencia “de un día para el otro” podría afectar la independencia y estabilidad de los magistrados y cuestionó la falta de especialidad del nuevo esquema, ya que los juzgados penales juveniles “juzgan a mayores y menores”.
El secretario general de la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN), Gonzalo Martínez Salum, cuestionó que los convenios no contemplen la situación de los trabajadores judiciales y sostuvo que “nuestra posición institucional es que ambos acuerdos deben ser rechazados por este Congreso o por lo menos suspenderse hasta que se vea qué se va a hacer con los trabajadores”.
Agencia NA
