Buenos Aires, 28 octubre (NA) — A contramano del Gobierno, el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois presentó hoy un proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Pública” con el objetivo de reforzar la protección de las empresas, tierras y activos estratégicos del Estado nacional, endurecer los requisitos para eventuales privatizaciones y priorizar la utilidad social en la adjudicación de tierras fiscales.
Esta presentación se produce luego de que el oficialismo lograra aprobar en la Cámara baja una versión menguada del proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, cuya sanción definitiva está pendiente en el Senado.
En sus redes sociales, Grabois afirmó que “la ley pone las propiedades que están en manos del Estado al servicio de quienes más lo necesitan”.
En las disposiciones generales de la iniciativa se dispone que “la propiedad del Estado tendrá un fin social” y que “el patrimonio público estratégico es inviolable”.
Además, el proyecto establece que “ningún bien, empresa, sociedad, participación accionaria o activo declarado estratégico podrá ser vendido, privatizado, transferido, concesionado ni sometido a actos que impliquen la pérdida de su titularidad, control o integridad, salvo mediante una ley especial sancionada con mayoría agravada”.
De esta manera, esa ley especial deberá contar con el voto afirmativo de las dos terceras partes del total de los miembros de cada cámara del Congreso nacional.
“Si para afectar la propiedad privada al interés público la Constitución exige una ley especial que declare la utilidad pública, la alienación o privatización de un bien perteneciente a todo el pueblo argentino no puede someterse a requisitos menos rigurosos”, justificó Grabois en los fundamentos.
Por otro lado, la iniciativa del líder de Patria Grande declara “de interés público nacional la conservación, gestión transparente y aprovechamiento intergeneracional de las empresas, sociedades, participaciones y activos alcanzados por esta ley”.
En ese sentido, “se prohíbe de manera expresa la utilización de Decretos de Necesidad y Urgencia, la delegación legislativa o la inclusión de autorizaciones de privatización dentro de leyes de presupuesto o leyes ómnibus”.
En segundo lugar, el proyecto dispone que “la propiedad del Estado tendrá un fin social” y, con ese propósito, crea el Concurso Social de Proyectos de Utilidad Pública para la adjudicación de tierras fiscales.
Según los fundamentos, este mecanismo establece que “antes de iniciar cualquier enajenación tradicional, el Estado convocará a un procedimiento competitivo transparente donde no se prioriza la oferta financiera más elevada, sino la mayor utilidad social del proyecto”.
El nuevo régimen estará destinado a “inmuebles rurales y urbanos del Estado nacional que se encuentren ociosos, subutilizados o sin destino específico asignado”.
Las propuestas deberán contemplar el “fortalecimiento de la economía comunitaria, la cobertura de necesidades básicas insatisfechas, el acceso a la tierra para el autoabastecimiento y a la vivienda única familiar”.
Asimismo, el texto explicita que “no podrán presentarse sociedades comerciales con fines de lucro cuyo objeto sea la valorización inmobiliaria o la especulación con la tierra”.
“En conclusión, el presente proyecto parte de una premisa elemental: aquello que pertenece a todos no puede recibir una protección inferior que la que el ordenamiento jurídico reconoce a la propiedad individual”, indica Grabois.
“La seguridad jurídica debe amparar tanto a los particulares como al colectivo. La propiedad es inviolable; también lo es el derecho del pueblo argentino a que sus empresas y activos estratégicos no sean transferidos sin una decisión democrática, específica, transparente y suficientemente fundada”, concluye el diputado opositor.
Agencia NA
