Buenos Aires, 3 de noviembre (NA) — La “Ley de Competitividad Financiera” es el título del nuevo proyecto “ómnibus” enviado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que ingresó por mesa de entradas de la Cámara de Diputados y ya tiene estado parlamentario.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes de Presidencia de la Cámara baja, la iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger ya recibió giros a las comisiones de Legislación General (cabecera), Pequeñas y Medianas Empresas, Finanzas y Presupuesto y Hacienda.
El proyecto “se propone la modificación de diversos cuerpos normativos con la finalidad de eliminar restricciones injustificadas que obstaculizan el acceso y el ejercicio de actividades económicas y profesionales, promover la libre competencia y el funcionamiento eficiente de los mercados, y profundizar en el camino de fortalecer la seguridad jurídica y la libertad económica”.
La nueva ley ómnibus contiene más de 225 artículos e incluye modificaciones al Código Civil y Comercial, a la Ley de Mercado de Capitales, al régimen de Prenda con Registro, Certificados de Depósito a Plazo Fijo, Ley del Cheque, de Tarjetas de Crédito, de Warrants, de Financiamiento Productivo y del Impuesto a las Ganancias, entre otras normas.
Una de las reformas más salientes tiene que ver con que por primera vez se reconoce que todo valor negociable puede emitirse, registrarse y negociarse en blockchain, es decir, se acepta la “tokenización” con validez legal plena.
Otra reforma es la validación de los pagarés con ajuste por inflación o dólar, algo que en la actualidad no está permitido ya que la ley exige una “suma determinada”. La consecuencia es que los pagarés sólo están sirviendo para el corto plazo.
Con la reforma, se autoriza una suma determinable por índices objetivos y verificables, y además se crea el pagaré producto o en especie (canjeable por bienes fungibles físicos como granos y minerales).
En otro orden, la nueva ley modifica un decreto ley de 1946 de Prenda con Registro, que en aquella época se pensó para ganado y cosechadoras.
El problema es que en la actualidad una start up no puede prendar su software, por lo que el proyecto extiende el objeto a todo bien mueble, activos digitales, derechos de propiedad intelectual, participaciones societarias, flujos de fondos futuros, etcétera.
En tanto, se crea la prenda flotante sin límite temporal, por la cual se puede prendar stock que va rotando sin individualizar cada bien.
Se trata de una reforma clave para el retail, supermercados y para la prenda de acciones futuras.
Se elimina el veto del primer acreedor: hoy se exige la conformidad del primer acreedor para constituir una segunda prenda.
Otra modificación es que el cupón que genera la tarjeta de crédito por cada transacción se vuelve un título ejecutivo que se puede endosar, negociarse en el mercado de capitales y ejecutarse contra el banco emisor.
El objetivo es que el comercio no tenga que esperar entre 8 y 18 días para cobrar por las operaciones con tarjeta de crédito y pueda hacer caja descontándolo como un cheque, a una tasa más baja que la actual.
Otro cambio que introduce la nueva ley del Gobierno es que habilita que los plazos fijos a más de 365 días se puedan endosar para negociar en mercados secundarios bajo la competencia de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Esta negociación en el mercado secundario le permite al ahorrista no romper anticipadamente el plazo fijo, perdiendo el interés; y al mismo tiempo el banco no sufre un rescate masivo anticipado. Esta reforma es clave para alargar el plazo de los depósitos.
Uno de los cambios más importantes del proyecto de “Competitividad Financiera” es la modificación de 109 artículos de la Ley de Mercado de Capitales.
En primer lugar, se modifica el objeto, incorporando el principio de la “neutralidad tecnológica”, para que deje de exigirse el soporte de papel y “se elimine cualquier duda sobre la validez de los activos digitales como verdaderos títulos valores”.
También se consagra el principio de la “inclusión financiera” (mediante la simplificación de trámites y el uso de nuevas tecnologías para garantizar el acceso universal), y se aclara que la protección al inversor es dar información plena y veraz y no la eliminación del riesgo.
Por otra parte, se elimina la referencia a asociaciones sindicales como sujetos a promover, y se crea la figura del Agente de Custodia, Registro y Pago (ACRyP).
A su vez, la CNV deja de ser un ente autárquico descentralizado y pasa a ser un organismo desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía, con autonomía funcional y financiera, y la conformación de un directorio de autoridades.
Otro cambio que introduce la nueva ley es la derogación del decreto de 1943 sobre planes de ahorro para la compra de autos, poniendo fin a las Sociedades de Capitalización y Ahorro.
En tanto, el proyecto reconoce el fracaso de la Ley de Financiamiento Productivo para PyMEs del 2018, que hoy representa apenas el 2,3% de financiamiento y nunca superó el 4%.
La reforma consagra el principio de desintermediación: las herramientas informáticas pueden operar como ámbitos de negociación directa sin un Agente de Liquidación y Compensación (ALyC).
Además, se amplía el objeto y permite que se negocien no sólo Facturas de Crédito Electrónicas (FCE) sino también cheques, pagarés, warrants, letras de cambio, títulos electrónicos y otros instrumentos digitales que defina la Autoridad de Aplicación.
En materia impositiva, se estipula que los CEDEAR empezarán a tributar el impuesto a las Ganancias como si se hubiera comprado la acción extranjera directamente. El objetivo de esto es evitar que el ahorro local se vaya a activos externos con exenciones fiscales.
Los Fondos Comunes de Inversión Inmobiliarios (FCI) amplían su alcance y dejan de estar restringidos a la finalidad de “vivienda social”.
De este modo, cualquier vivienda y cualquier crédito hipotecario califican para el beneficio.
Y si se aporta un terreno a un fideicomiso, se permite diferir el pago del impuesto a las Ganancias hasta la liquidación de las cuotapartes recibidas.
Desde la bancada de diputados nacionales de Unión por la Patria anticiparon el rechazo general a la reforma de “Competitividad Financiera” y denunciaron “varios caballos de Troya” escondidos en el frondoso articulado.
“Otra ley ómnibus de 240 artículos. Seguramente con varios Caballos de Troya. Pero en el primer análisis anticipo que detrás del pomposo título de “reforma del mercado de capitales” esconden un IMPUESTO A LA RENTA FINANCIERA”, escribió en X el jefe del bloque, Germán Martínez.
Agencia NA
