Buenos Aires, 11 noviembre (NA) — La diputada nacional Marcela Pagano presentó dos denuncias en las que pide que se investigue la organización de los eventos del Papa León XIV en Argentina, tras las polémicas por la carpa VIP con alrededor de 4.000 invitados y la contratación de una productora.
En uno de los escritos al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, apunta contra funcionarios del Gobierno nacional y de la Ciudad de Buenos Aires por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, por el sector VIP en la misa que el Sumo Pontífice dio el 9 de noviembre en Palermo, que contó con la presencia de famosos y personalidades de distintos ámbitos.
Pagano señaló que “ese sector fue previsto, con carpas, catering y acomodadores” en el pliego de la contratación a la productora DF Entertainment S.A. por $8.690.000.000, y que se podría haber beneficiado a “personas que no ejercían función pública alguna ni integraban comitivas oficiales, el cuerpo diplomático o la representación de la Iglesia”.
La denuncia se dirige contra los funcionarios públicos que “dispusieron, autorizaron o ejecutaron esas decisiones” y “confeccionaron la nómina de los 250 lugares asignados a ese Gobierno”.
Entre las medidas de prueba, pide que se investigue si existió además delitos como malversación de caudales públicos, peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
“No se formula imputación contra las personas invitadas, a quienes se propone como testigos”, agrega el documento, entre los que menciona a Pampita, Yanina Latorre, Valeria Mazza y Claudia Villafañe.
Por otro lado, Pagano presentó una denuncia en la que acusa sobre posibles irregularidades en la contratación de la productora DF Entertainment para organizar la misa del Papa León XIV y la vigilia posterior, la cual se adjudicó como contratación directa por urgencia.
“Debe establecerse, entonces, en qué fecha la Administración conoció la necesidad de contratar, cuándo inició el trámite y si la urgencia obedeció a circunstancias objetivas o a la propia demora de los funcionarios. Una urgencia creada por la inacción de quien debía licitar no habilita la excepción”, manifestó.
También remarcó que se debe investigar la contratación de las empresas Tech Security para la seguridad privada y Purgato S.A para la limpieza del lugar, ambas ligadas a la familia del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En ese sentido, solicitó que se investigue si ambas fueron adjudicadas por “intervención o a la influencia de funcionarios públicos”.
Las denuncias recayeron en Juzgado Federal N°5, a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, y la segunda en el Juzgado Federal N°7 del juez federal Sebastián Casanello.
Agencia NA
